Una moto robada, la pista para llegar a un "call center tumbero" millonario

El hallazgo de una moto robada llevó a descubrir a una aceitada organización comandada por un preso de la cárcel de Cruz del Eje que habría ejecutado millonarias estafas gracias a la proliferación de los celulares ilegales dentro de los penales de Córdoba.

Esta historia judicial comenzó a escribirse en la noche del 23 de febrero de este año, cuando un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba un adolescente de 15 años, emboscaron a un motociclista que circulaba por la avenida Claret, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba. A punta de pistola, lo despojaron de un rodado Honda XR150.

Se trata de una banda asentada en la zona de barrio Autódromo que durante meses incursionó en un impresionante raid delictivo, sobre todo en contra de motociclistas. Una organización con roles definidos, que en minutos logran reducir o vender la moto recién robada.

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Fue el rodado robado en la avenida Claret, y que la Policía secuestró dos días después gracias al olfato de un guardia de seguridad de un centro comercial, lo que dio la pista al fiscal Juan Pablo Klinger para abrir otra investigación conexa. Al momento de ser recuperada la moto, fue detenido Daniel Ezequiel Moreno, un joven de xx que no supo explicar cómo este rodado había llegado a sus manos.

Pero lejos de quedarse con este recupero, la fiscalía avanzó en otra dirección. Se trata de una política criminal que evita quedarse en el llamado “caso por caso” para abrir investigaciones “complejas”. La premisa no escrita detrás de esta manera de mirar el crimen en Córdoba apunta a que, por lo general, los que delinquen no son “lobos solitarios”, sino que de alguna manera integran estructuras o tramas delictivas que hacen posible la proliferación de tanto robo en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

De esta manera, se abrió el celular de Moreno y se descubrió que este joven no sólo habría formado parte de la banda de los “roba motos”, sino que era un tentáculo de otra organización.

Tanto él como otro sujeto, identificado como Nicolás Agustín Almada, se habrían ocupado de reclutar a otros jóvenes de la misma zona de la ciudad, a los que les ofrecían “alquilarles” sus CBU para suministrárselos, a su vez, a otros miembros aún no identificados de la banda, según se investiga.

Estos últimos operaban desde una celda de la cárcel de Cruz del Eje, generando todo tipo de estafas por teléfono, sobre todo, a partir de diferentes ardides por Internet.

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En síntesis, según contaron las fuentes policiales consultadas, los presos, con celulares a disposición dentro de la cárcel, creaban páginas falsas simulando ser de grandes compañías. Así, recibían reclamos de incautos clientes que siempre creían que se comunicaban con la firma real. Bajo el engaño de que iban a reembolsarle el dinero por compras efectuadas por internet de objetos que no habían llegado a su domicilio, los presos lograban acceder a los datos personales y contraseña de la cuenta de homebanking de las víctimas. En uno de estos casos, al perjudicado terminaron por robarle más de 43 millones de pesos, que de inmediato fueron transfiriendo al ejército de CBU que Moreno y Almada habían reclutado, según se sospecha.

A cada uno de los que les suministraban los CBU, les prometían un pago del 10 por ciento de la cifra que le iban depositando. Los delincuentes ya tenían todo organizado: sabían, banco por banco, hasta cuánto le podían transferir sin restricciones y, además, cuánto dinero cada cuenta podía extraer en el menor tiempo posible. Sabían que los minutos valen muchísimo en esta clase de estafas, ya que cuando las víctimas se dan cuenta, pueden solicitar la anulación de todos los últimos movimientos financieros.

En ese sentido, en una resolución dictada en los últimos días, el fiscal resolvió ordenar la prisión preventiva en contra de Ezequiel Daniel Moreno, Sol María Galván, Emanuel José Pérez, Franco Miguel Barrionuevo, Diego Daniel Moreno, a quienes acusó de integrar una asociación ilícita, entre otros delitos.

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