Un hombre fue condenado a 8 años preso por reiterados abusos y amenazas a su cónyuge

En un fallo que remarca la gravedad de los delitos contra la integridad sexual en el ámbito intrafamiliar, el Juez de Primera Instancia Pablo Pinto, al frente del tribunal de la sala 3 del Centro de Justicia Penal de Rosario, condenó este martes a Juan G. de 51 años a la pena de 8 años de prisión efectiva.

El hombre fue hallado culpable de abusar sexualmente con acceso carnal de su cónyuge, una mujer mayor de edad, en reiteradas oportunidades y en un contexto de violencia de género.

La investigación, llevada adelante por el fiscal Martín Sanguinetti Marull, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, logró desentrañar un calvario que la víctima sufrió durante su convivencia con el agresor en su domicilio de la ciudad de Rosario.

Según la acusación, los abusos se perpetraron sin el libre consentimiento de la mujer, quien era sometida mediante violencia física y amenazas constantes.

Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes que acreditaron no solo los actos de abuso sexual con acceso carnal, sino también el hostigamiento y la intimidación que sufría la víctima a diario. El fiscal Sanguinetti Marull destacó la vulnerabilidad de la mujer y la relación de poder que el condenado ejercía sobre ella, agravando aún más la responsabilidad penal del imputado.

La sentencia, que dispone la prisión efectiva e inmediata, fue recibida con atención por organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, que ven en este tipo de fallos un paso necesario en la lucha contra la violencia machista. El tribunal hizo hincapié en la credibilidad del testimonio de la víctima y en la coherencia de las evidencias periciales y testimoniales recabadas a lo largo de la investigación.

Juan G. permanecerá detenido mientras se desarrollan los plazos legales correspondientes, y su defensa ya evalúa los recursos pertinentes ante la Cámara de Apelaciones. El caso reaviva el debate sobre la necesidad de políticas de prevención y protección más efectivas para las mujeres que sufren violencia en sus propios hogares, un espacio que, como demuestra este fallo, puede convertirse en el escenario de los delitos más atroces.