Ratifican la figura de asociación ilícita contra una banda de motochoros

La intensa polémica al interior de los Tribunales de Córdoba que se desató a mediados de año ante unas declaraciones del fiscal adjunto Alejandro Pérez Moreno, que criticó la utilización de la figura de asociación ilícita, continúa generando coletazos.

Todo comenzó el 12 de junio pasado, en el marco de un curso organizado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn) en conjunto con la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí, Pérez Moreno, que asumió con adjunto este año, al hablar en frente de un curso de posgrado, se manifestó de manera crítica a la aplicación extendida de la figura de asociación ilícita.

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En su exposición, el funcionario criticó con tono sarcástico la aplicación de la figura de asociación ilícita, afirmando que en Córdoba se ha “desnaturalizado” su uso, al punto de convertirse en una “broma” entre colegas.

“Vemos a tres abogados y decimos ‘che, asociación ilícita’”, ironizó, para luego cuestionar su empleo en casos de robos menores, como los cometidos por “diez muchachitos que roban en moto”. En realidad, se trata de una causa compleja, en la que el fiscal Juan Pablo Klinger lejos de quedarse con la parte superficial del delito fue a buscar los tentáculos invisibles de toda la cadena.

Pérez Moreno sugirió que esta calificación se utiliza como un medio para justificar prisiones preventivas y forzar acuerdos en juicios abreviados, recurriendo al polémico concepto de “derecho penal del enemigo”.

Al conocer esto, dos fiscales, Juan Pablo Klinger y Enrique Gavier, presentaron sendas notas ante la Fiscalía General, el Tribunal de Ética y el Tribunal Superior de Justicia, exigiendo una investigación sobre la conducta del funcionario.

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Según los denunciantes, las afirmaciones de Pérez Moreno constituyeron una “conducta reprochable” de “gravedad institucional apreciable”, al cuestionar públicamente el uso de la figura de asociación ilícita en investigaciones penales, particularmente en un caso de trascendencia pública dirigido por Klinger contra una aceitada banda de motochorros.

Los fiscales consideraron que las expresiones del Fiscal Adjunto implicaban una injerencia indebida que compromete la independencia judicial y el desempeño funcional del Ministerio Público Fiscal.

En particular, resaltaron la gravedad de que Pérez Moreno, desde su alta posición jerárquica, haya hecho un llamado público a “cambiar el tratamiento de la asociación ilícita en Córdoba”, lo que interpretaron como una presión explícita sobre los fiscales de instrucción.

Finalmente, el Tribunal de Ética de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Córdoba resolvió, con la firma del exvocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Armando Andruet, archivar la denuncia contra Pérez Moreno, aunque en un escrito de 19 páginas dejó en claro que se reprochaba los dichos del fiscal Adjunto.

Andruet indicó que pudo existir una "cierta ignorancia" de Pérez Moreno respecto al tema del compromiso ético de la magistratura, atento a que durante décadas ejerció como abogado penalista y recién llevaba pocos meses en su nuevo cargo público.

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Sin embargo, esta resolución lejos estuvo por dar por concluida la polémica.

En los últimos días, en el marco de aquella causa contra la banda de los motochoros, el Juzgado de Control N° 3, a cargo de Pablo Agustín Cafferata, debió resolver cuatros pedidos de las defensas para liberar a los acusados.

Entre los cuatro recursos, sobresalió el que presentó el defensor Leonardo Gustavo Flores en favor de Juan Axel Francesco Piazza, alias “Axel o Laucha”, imputado por asociación ilícita agravada, robo calificado y resistencia a la autoridad, entre otros delitos.

Según la fiscalía, Piazza es uno de los presuntos miembros de una banda que operaba de manera sistemática, realizando robos en motos, utilizando armas de fuego y violencia contra las víctimas. La investigación incluye pruebas como comunicaciones por WhatsApp entre los integrantes de la banda, que evidencian la supuesta participación activa de Piazza en los delitos.

El defensor argumentó que la prisión preventiva era arbitraria y que su cliente no representaba un peligro procesal. Señaló que Piazza tiene arraigo, domicilio fijo, familia y trabajo, y criticó la figura de asociación ilícita por penalizar actos preparatorios. Además, sostuvo que no hay pruebas concretas de intimidación a testigos ni indicadores de riesgo de fuga.

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Señaló que “múltiples juristas critican a la figura de la asociación ilícita por considerar que implica una penalización de actos preparatorios, a la vez que actualmente se da un auge en su utilización para poder ordenar la prisión preventiva, ya que el riesgo procesal se infiere de que la eventual pena será alta y el imputado se fugará para evitarla, pese a que en el caso en concreto no se haya demostrado algún indicador de peligro en concreto”, según quedó plasmado en el expediente.

O sea, sin citarlo, se valió casi los mismos argumentos que en aquel momento había expresado Pérez Moreno.

Sin embargo, el juez Cafferata consideró que los elementos probatorios son suficientes para acreditar la participación de Piazza en los delitos investigados. Según el magistrado, las pruebas demuestran el conocimiento y la conexión de Piazza con la banda, así como su participación en hechos delictivos específicos. Además, destacó que la gravedad de los delitos y la escala penal, que podría alcanzar hasta 29 años de prisión, justifican la medida cautelar.

El juez también señaló que existen indicios de peligro procesal, como el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación. Resaltó que Piazza mostró un menosprecio por las normas sociales al resistirse a la autoridad y que su liberación podría facilitar la obstrucción de la justicia, especialmente considerando que aún no se han identificado todos los miembros de la banda.