Proponen prohibir celulares en cárceles bonaerenses por seguridad

Buenos Aires, 10 de marzo (NA) -- Un legislador provincial ha presentado un proyecto para prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, respaldado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. La iniciativa, impulsada por el diputado Oscar Liberman de la Libertad Avanza (LLA), lleva el nombre de "Ley Rodrigo", en honor al soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida tras ser extorsionado a través de un teléfono desde la prisión, con la complicidad de familiares de internos.

El proyecto busca derogar el "Protocolo para el uso de teléfonos celulares" (Resolución número 47688/20), que fue implementado durante la pandemia, y modificar el inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 (Ley de Ejecución Penal Bonaerense) para que la comunicación de los internos se realice solo a través de dispositivos controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Liberman propone limitar el tiempo de comunicación de los internos a un máximo de dos horas diarias y aclara que los dispositivos móviles no estarán a su disposición. Además, cada unidad penitenciaria deberá instalar sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil en las áreas donde se alojan los internos, con el fin de controlar la comunicación con el exterior.

"Las cárceles parecen un call center del delito. Viene de la época de la pandemia, pero sigue vigente esto de tener celulares. Trabajamos para que se prohíba el uso de celulares en las cárceles y todo tipo de comunicaciones por red. La idea es que se tomen medidas con inhibidores de señal y requisas diarias para que no se pueda violar la norma", expresó Liberman en el programa "Tiempo de Policiales" de ATP Stream.

El legislador agregó que el objetivo es evitar debates circulares sobre el tema y que la propuesta es clara: prohibir el uso de celulares en las cárceles. Además, explicó que las penalidades por violar esta norma ya están contempladas en la legislación actual, y que su proyecto solo modifica el artículo correspondiente.

Liberman también enfatizó la importancia de los mecanismos de control, como el uso de inhibidores de señal y requisas diarias, y mencionó que la iniciativa podría replicarse en todo el país. "El nivel de producción con el que trabajan los presos es tremendo. Hasta hay sonidos en los que se escucha la sirena de la policía y otros sonidos. Parecen productoras audiovisuales más que una cárcel", destacó.

El legislador, que se considera economista y no experto en derecho, se ha asesorado con equipos de abogados, incluyendo a la jueza Arroyo Salgado y al juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, Carlos Pagliere (hijo), así como con funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Liberman recordó que el Artículo 19 de la Constitución Nacional establece que las cárceles deben ser sanas y limpias, garantizando la seguridad y no el castigo de los reos. Este mandato implica la obligación del Estado de asegurar que el encarcelamiento cumpla su función preventiva y no se convierta en un espacio desde el cual se continúe delinquiendo.

El proyecto busca adecuar el régimen de comunicaciones de los internos a las necesidades actuales de seguridad pública, protección de las víctimas y funcionamiento del sistema penitenciario, respetando la normativa constitucional y legal vigente. Dentro de los 10 días hábiles tras la promulgación de la ley, el SPB deberá notificar a los internos para que entreguen voluntariamente los teléfonos, incluso aquellos no declarados. Si no se cumple, se procederá a requisar celdas y espacios públicos para secuestrar los dispositivos y sancionar a los infractores.