Procedimiento judicial en el Tribunal de Cuentas por la causa de los drones

Tras la denuncia presentada por Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad, este miércoles se llevó a cabo un procedimiento judicial en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

El allanamiento se dio en el marco del freno de la licitación para la compra de drones para la Policía de Córdoba. Se solicitó el expediente relacionado con la compra de los drones que la provincia pretende realizar por más de 6 millones de dólares.

El procedimiento se llevó a cabo por orden del fiscal Tomás Casas y tuvo lugar en la sede ubicada en Rivera Indarte al 33, donde las autoridades del Tribunal se negaron a entregar la documentación solicitada, según informó la fiscalía.

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El presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán habló con Cadena 3 y expresó su malestar ante la situación: "Un poder del Estado solicitándonos, requiriéndonos información respecto del expediente de drones, justo en una denuncia que recibieron del Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba."

El titular del Tribunal de Cuentas afirmó que no poseen la documentación requerida. "Vinó la policía a requerir determinada información respecto de los drones. No tenemos la documentación y ellos lo saben", agregó.

En diálogo con Cadena 3, Quinteros había señalado hace unos días que la presentación se realizó porque “todo tiene un límite” y cuestionó lo que consideró una estrategia de “infamia, injuria y desprestigio” en torno a una compra pública que, según remarcó, se ajustó plenamente a la ley. “No hubo traje a medida, no hubo compra directa. Se trató de una licitación pública para un sistema integral de seguridad, autorizado y exigido por la normativa vigente”, afirmó.

El ministro defendió la necesidad de incorporar tecnología de última generación para enfrentar delitos cada vez más sofisticados, en especial el narcotráfico y el contrabando. Mencionó operativos recientes en los que bandas criminales utilizaron drones con visión nocturna y equipamiento avanzado, y planteó que “no se puede combatir ese nivel de organización con herramientas obsoletas”.

También rechazó los cuestionamientos sobre la cantidad de empresas capacitadas para ofrecer el servicio. Detalló que la licitación fue ganada por una UTE integrada por una empresa cordobesa vinculada a ex integrantes de la Fuerza Aérea, con trayectoria desde 2007 en el desarrollo de sistemas de drones y convenios estratégicos con Fadea y el Estado nacional.

Finalmente, el funcionario insistió en que la intervención de la Justicia permitirá dar tranquilidad a la ciudadanía sobre el destino de los fondos públicos y despejar dudas sobre la legalidad del proceso.