Perpetua para el policía que mató a Luciano Olivera en un operativo en Miramar

El Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata condenó este viernes a prisión perpetua al policía bonaerense Maximiliano Abel González, hallado culpable del homicidio triplemente agravado de Luciano Olivera, el adolescente de 16 años asesinado durante un operativo policial en la ciudad de Miramar en diciembre de 2021.

La sentencia fue dictada por el juez Facundo Gómez Urso, luego de que un jurado popular declarara culpable al acusado por unanimidad el pasado 28 de noviembre, en el marco del régimen de juicio por jurados vigente en la provincia de Buenos Aires. El magistrado rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la pena formulado por la defensa y confirmó la aplicación de la sanción máxima prevista en el Código Penal.

González, de 29 años, fue condenado como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por alevosía y por abuso funcional en su condición de miembro de una fuerza de seguridad, una figura que contempla como única pena la prisión perpetua.

El fallo se conoció tras la audiencia de cesura celebrada el 12 de diciembre. En su resolución, el juez sostuvo que la pena “no se presenta contraria a nuestra Constitución Nacional”, al considerar la extrema gravedad del hecho y las circunstancias agravantes acreditadas durante el debate oral.

En ese sentido, Gómez Urso remarcó que el acusado abusó de su función y de la portación del arma reglamentaria al disparar contra un joven que no representaba una amenaza. “Integraba una fuerza de seguridad estatal ordenada a la protección del ciudadano, tergiversando su esencia y convirtiéndose, a través de su actuación, en su verdugo”, expresó el magistrado.

El crimen ocurrió en la madrugada del 10 de diciembre de 2021, cuando Luciano Olivera se encontraba con amigos en la plaza central de Miramar. Tras un llamado al 911 por ruidos molestos, un patrullero acudió al lugar. De acuerdo con lo reconstruido en el juicio, el adolescente se retiró en una motocicleta y fue perseguido por el móvil policial.

El tribunal dio por probado que, luego de interceptarlo en la vía pública, González descendió del patrullero y efectuó un disparo con su arma reglamentaria que impactó en el pecho del joven. La autopsia determinó que la bala provocó lesiones cardíacas, pulmonares y hepáticas, y causó una muerte prácticamente instantánea.

Durante el debate, los investigadores señalaron que no se pudo acreditar que Olivera supiera que estaba siendo perseguido ni que hubiera desplegado una conducta que justificara el uso letal de la fuerza.

Al fundamentar la condena, el juez destacó la vida y el entorno del adolescente. “La vida de Luciano Olivera fue cercenada cuando tan solo tenía 16 años. Era un joven sano, con expectativas, que estudiaba, hacía deportes y ayudaba cotidianamente a su familia”, señaló en su resolución. También subrayó que el policía “pudo comportarse de otro modo”, tal como lo hicieron otros efectivos que participaron del operativo.

Gómez Urso recordó además que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que, en los homicidios agravados, la sola subsunción en el tipo penal basta para dimensionar la gravedad del hecho, ya que se trata de una pena absoluta que no admite atenuaciones.

Si bien analizó el planteo de la defensa, que cuestionó la prisión perpetua por considerar que vulnera el fin resocializador de la pena, el magistrado lo desestimó tras repasar antecedentes jurisprudenciales y normativa internacional. En ese marco, indicó que el condenado podrá, eventualmente, acceder a una expectativa de libertad luego de cumplir 35 años de prisión, conforme al encuadre legal vigente.

Durante la audiencia de cesura, el abogado Gregorio Dalbón, en representación de la familia de la víctima, había solicitado la pena máxima al sostener que no existían atenuantes. “No hubo arrepentimiento, ni colaboración, ni reparación. No hubo provocación de la víctima ni emoción violenta”, afirmó entonces, y calificó el caso como un hecho de violencia institucional.

En la misma línea, el fiscal Fernando Berlingeri también pidió la imposición de prisión perpetua, al destacar la extensión del daño causado, el uso del arma de fuego en la vía pública y el impacto del crimen en la comunidad de Miramar. La defensa no propuso atenuantes relevantes.

González permanece detenido desde diciembre de 2021. Los otros policías que participaron del operativo están imputados por encubrimiento y serán juzgados en procesos separados, aún sin fecha definida.