La Iglesia advierte sobre la baja de la edad de imputabilidad y sus riesgos

La Iglesia Católica argentina, a través de Cáritas Nacional, la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria y la Comisión Episcopal de Pastoral Social, publicó una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales en la que expresa fuerte preocupación por el proyecto de ley que busca reformar el Régimen Penal Juvenil y, en particular, por la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal (actualmente en 16 años, con intención oficial de reducirla a 13 años para delitos graves).

La misiva, firmada por estas entidades eclesiásticas, retoma y actualiza el documento “Más oportunidades que penas” publicado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social el 25 de marzo de 2025, y se enmarca en el debate parlamentario que se intensificó en febrero de 2026 tras el ingreso al Congreso del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. 

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Principales argumentos de la carta abierta 

Las organizaciones eclesiales reconocen la necesidad de una reforma del régimen penal juvenil para cerrar vacíos legales, cumplir con compromisos internacionales y dar respuestas efectivas a la violencia en barrios vulnerables. Sin embargo, critican duramente el enfoque actual del proyecto por considerarlo simplificador, apresurado y sin sustento técnico ni diálogo genuino.

Entre los puntos centrales destacan:

Bajar la edad no reduce el delito: Afirman que la evidencia científica (incluyendo neurociencias sobre el desarrollo cerebral adolescente, con menor control de impulsos y evaluación de riesgos) y datos regionales muestran que reducir la imputabilidad aumenta la reincidencia, la violencia y no mejora la seguridad. Citan comparaciones: países con edad baja como Ecuador (45,1 homicidios cada 100.000 hab.), Honduras (31,1) o Brasil (23,1) tienen tasas mucho más altas que Argentina (3,8), que mantiene 16 años como piso.

Falta de condiciones para implementar un sistema adecuado: Cuestionan si el Estado (nacional o provincial) puede garantizar hoy tratamiento psicológico, educación continua, capacitación laboral, salud, cultura y abordaje de adicciones en instituciones dignas. Señalan la desfinanciación progresiva en políticas sociales y la ausencia de recursos para un régimen especializado, lo que podría derivar en privaciones de libertad arbitrarias o en cárceles comunes.

Enfoque punitivo vs. integral y preventivo: Propugnan priorizar más educación, más oportunidades y más esperanza en lugar de penas. Recomiendan para menores de 16 años intervención vía Juzgados de Familia y Sistema de Protección de Derechos (medidas socioeducativas, no penales). Para mayores de 16 con delitos graves, sugieren Justicia Restaurativa (que ha reducido reincidencia casi a 0% en experiencias exitosas). Insisten en fortalecer políticas de salud mental, adicciones (con consumos iniciando a los 9-10 años), y erradicar causas estructurales como pobreza, narcotráfico y falta de inclusión.

Cuestionamientos constitucionales y de derechos humanos: El proyecto contradiría la Constitución Nacional, tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, y estándares de UNICEF, Sociedad Argentina de Pediatría, APSA, FePRA, Defensoría General de la Nación y otras entidades. Lo ven como regresivo, con riesgos de arbitrariedad, penas desproporcionadas y falta de debido proceso especializado.

Datos sobre delitos juveniles: La participación de adolescentes (12-17 años) en procesos penales es solo el 0,42% de la población etaria, y el 80% son delitos contra la propiedad (robos), mientras que homicidios son excepcionales.

Contexto del debate La carta llega en medio del envío al Congreso (9 de febrero de 2026) del proyecto oficial que insiste en bajar la edad a 13 años para delitos graves (homicidios, robos agravados, etc.), con un régimen diferenciado pero que, según el oficialismo, asigna partidas presupuestarias. Sectores dialoguistas (como PRO y UCR) anticipan negociar un piso en 14 años, y el tratamiento en comisiones avanza rápidamente.

Las firmantes suman su voz a un amplio consenso institucional (UNICEF, pediatras, psiquiatras, defensores, jueces especializados) que ha sido “escuchado” pero no incorporado. Interpelan no solo al Congreso, sino a la sociedad, advirtiendo que el debate se da en un clima de uso mediático del dolor social y oportunismo político, en detrimento de una reforma sostenible, justa y centrada en el desarrollo humano.

Citan al Papa Francisco: los niños y adolescentes en desarrollo no deben ser castigados penalmente, sino destinatarios de privilegios estatales de inclusión y respeto por la vida.

La Iglesia llama a abandonar el falso dilema “castigar o no hacer nada” y optar por lo correcto: transformar causas estructurales de la violencia mediante oportunidades reales, acompañamiento comunitario y un Estado presente en prevención y reinserción, en lugar de profundizar la “cultura del descarte”.