La guerra sindical en Córdoba que se cobró una vida inocente

Hugo "el Ciego" Cardozo es un personaje que aglutina varios submundos al mismo tiempo. 

Lugarteniente de Fernando "el Paisa" Larraona, forma parte del círculo más poderoso dentro de la inmensa estructura de "La Fiel", la barra que manda en las tribunas de Talleres. 

Cardozo, un hombre que se mueve a sus anchas en la zona de barrio Argüello y alrededores, llegó a convertirse, al mismo tiempo, en un hombre de confianza para el líder sindicar de Soelsac, el gremio de la limpieza, Sergio Fittipaldi. 

Para "La Fiel" significó jugar a dos puntas: unas células junto a Soelsac y otras con su archienemigo, el gremio de la basura, Surrbac. 

Hoy, el nombre del "Ciego" Cardozo aparece en el centro de una causa judicial cuyo impacto aún nadie se anima a dimensionar en Córdoba: el asesinato de Gabriela Pérez, ocurrido hace tres años, en medio de un asado que el líder de Soelsac celebraba en el club Yapeyú, de la Capital cordobesa, el 9 de septiembre de 2023. 

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En el expediente del caso, la fiscal Silvana Fernández remarcó que detrás del crimen se advertía "un entramado de relaciones y disputas de poder y dinero atravesado por negocios vinculados con el narcotráfico, gremios y barras bravas". Un código de silencio que fue muy difícil de doblegar durante estos dos años. 

En ese sentido, la fiscal dejó al descubierto, en el expediente, un dato que hasta entonces en Córdoba sólo lo sabía un puñado de personas. Horas antes de que asesinaran a Gabriela, en medio de aquel atentado a balazos contra el club Yapeyú, "el Ciego" Cardozo había recibido una llamada que dejaba en evidencia qué estaba realmente en disputa en medio de la puja entre Fittipaldi y la familia Saillén por el control de Soelsac. 

Una llamada que alguien grabó y cuyo audio Cadena 3 reveló en exclusiva. En aquel diálogo, un sujeto al que Cardozo sólo ha identificado en la causa como un tal “Gringo Gómez" le dijo que “había puesto muchos dólares a Saillen para ganar el gremio, que era todo una cuestión de negocios y que el Ciego debía correrse del apoyo a Fittipaldi o le iban a ‘tumbar la barra’”. 

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El audio pone en evidencia, una vez más, que los gremios tiene entre sus filas a miembros de las altas esferas de "La Fiel". ¿Qué tienen que hacer los barras dentro de las internas sindicales? ¿Por qué alguien invertiría "mucho dinero" para quedarse con el control del gremio de la limpieza? 

Tanto Soelsac como el Surrbac tienen fuertes vínculos con el poder político en Córdoba. Ambos gremios mantienen entre sus afiliados a empleados de empresas contratistas del Estado. Sin embargo, la causa por el asesinato de Gabriela Pérez hace tiempo que se sigue con absoluto silencio desde otros ámbitos. 

En la investigación que llevó adelante la fiscal Fernández, se sostiene que, casi como una trampa del destino, habría sido el propio hermano de la víctima, Gustavo Herrera, el sicario que aquel día llegó hasta el frente del club Yapeyú a abrir fuego con una pistola nueve milímetros. 

Ahora, en el juicio, todavía asoman más dudas que certezas sobre si fue realmente Herrera el que disparó aquel sábado contra la guardia que el titular de Solesac tenía apostada en la puerta del club. 

Junto a él fue enviado a juicio Adrián Vallejos, acusado de haber perseguido aquel día, antes del crimen, al propio "Ciego" Cardozo, persecución que culminó cuando otro grupo armado salió en apoyo de Cardozo e interceptó a Vallejos a mitad de camino. A estos dos nombres les falta un tercero, el de Luis Mendoza, prófugo hace más de tres años. 

A esta altura, son varios los que pregunta por qué la Policía de Córdoba no ha logrado encontrar a este personaje clave, según la investigación, a lo largo de todo este tiempo. ¿Quién protege a Mendoza? Y, sobre todo, ¿por qué? 

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El entramado detrás del asesinato de Gabriela desnuda lo que muchos hoy preferirían que no se contara en Córdoba. Al comenzar el juicio, días atrás, el propio titular de Soelscac, Sergio Fittipaldi, apuntó que detrás del atentado estaba el gremio de la basura, Surrbac, con el dirigente Franco Saillén, hijo del poderoso Mauricio Saillén, como responsable. 

Franco Saillén había conformado una lista alternativa en Soelsac, con la que aquel 2023 le disputó el enorme poder a Fittipaldi. Fue en el marco de las reuniones previas a aquellas elecciones que se produjo el ataque a balazos contra el club Yapeyú. 

Ante los jueces de la Cámara Tercera del Crimen, Fittipaldi reiteró lo que ya había denunciado en la instrucción: Saillén y el Surrbac querían controlar Solesac para expandir, supuestamente, la venta de droga. El dato, cuando se hizo público, obligó a una fiscal federal, María Virginia Miguel Carmona, a abrir una causa de oficio. 

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¿Por qué nadie siguió esta pista narco antes? Por la misma razón de que nadie se pregunta por qué aún en los Tribunales Federales se demora el prometido juicio contra la cúpula del Surrbac, investigada por lavado de dinero, entre otros delitos. 

¿Quién investiga en Córdoba el enorme volumen de dinero que mueven los referentes de los principales sindicatos vinculados al Estado? ¿Por qué a nadie ya le llama la atención la holgura económica en la que viven estos sindicalistas? ¿En qué momento se volvió natural que en medio de un crimen un jefe sindical acusara a otro de tener vínculos con narcos y sicarios? 

Fittipaldi hoy es legislador suplente por el peronismo cordobés. Franco Saillen fue legislador provincial por el kirchnerismo entre 2015 y 2019. Hoy es miembro del directorio de Cormecor, la empresa de higiene urbana de Córdoba en la que el Surrbac y la Municipalidad de Córdoba aparecen asociados. 

Fittipaldi y Saillén supieron coincidir en las 62 Organizaciones, el núcleo sindical que tuvo como referente al abogado y exconcejal peronista Ricardo Moreno. La misma organización por la que Claudio Barrelier, el femicida de Agostina Vega, llegó a vincularse con el Estado. 

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Gabriela Pérez era absolutamente ajena a toda la disputa, a todo este entramado. 

Dalma, una de sus hermanas, quien estaba a su lado cuando comenzaron a llover balas frente al club Yapeyú, contó ahora en el juicio que ellas eran obligadas por el gremio de la limpieza a asistir a esa clase de actos. Que les tomaban asistencia y debían mostrar sus documentos. De lo contario, dijo, las empresas privadas, contratistas de la Municipalidad de Córdoba, donde ellas trabajaban, no les iban a renovar los contratos. Las renovaciones se realizaban cada tres meses, dijo ante la Cámara Tercera del Crimen. 

¿Cómo se explica que empresas privadas no renovaran los contratos de empleados si estos no asistían a los actos sindicales? ¿Qué vínculos existen este estas empresas, la Municipalidad y el propio sindicato? ¿Acaso alguien también se va a ocupar, en los Tribunales de Córdoba, de intentar explicar esta telaraña? 

La mayoría de las empresas privadas que limpian las oficinas municipales y provinciales en Córdoba hace años que vienen ganando las licitaciones. Una continuidad prácticamente inalterable desde el gobierno municipal de Ramón Mestre hijo hasta hoy. Del radicalismo al peronismo, el servicio de limpieza, al igual que la recolección de residuos, se mantuvo prácticamente inalterable. 

Gabriela Pérez tenía 24 años. Fue una víctima inocente. El juicio que tres años después comenzó a desperezarse en los Tribunales de Córdoba tiene sólo la parte sentada en el banquillo de los acusados. Pero detrás de la discusión sobre si era el hermano o no aquel sicario sin puntería, asoma un trasfondo mucho más espeso, del que mucho aún prefiere que no se hable.