La densa trama de corrupción que asoma tras la detención del subjefe de Policía

Operativos fraguados. Reportes policiales falsos. Operativos armados "a medida" de la prensa. Una cobertura especial para los reducidores de celulares robados. Y un tráfico de influencias a través del cual se iban ganando la consideración de los políticos de turno.

De esta manera simple es posible resumir la gravedad de la acusación que soporta un grupo cada vez más grande de policías, con el ahora exsubje Alejandro Mercado a la cabeza.

Esta semana, el juez de Control 7 de Córdoba, José Milton Peralta, rechazó los recursos defensivos y confirmó las prisiones preventivas contra el Mercado, el exjefe de las Brigadas Civiles de la Policía, Cristian Cabrera, y la subcomisaria del área de Investigaciones Criminales, Verónica Aguilar, quienes permanecen detenidos desde el pasado 3 de septiembre, cuando aún estaban en funciones.

Se trata de una investigación que lleva adelante el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, que en total tiene 11 detenidos y 13 imputados, entre ellos dos funcionarios judiciales, Juan José Corzo y Ana María Pala, los únicos en libertad.

Junto a los policías están presos el denominado "clan" Monje (Roberto y sus hijos Maciel, Roger, Fiorella), Ariel Baruchelli y Rubén Cuevas.

Los Monje explotaban diversos locales en las galerías 25 de Mayo y Norte, del Centro de la ciudad de Córdoba, donde se presume que reducían y revendían celulares robados, además de dedicarse a la compra y venta de dólares por fuera del mercado legal, según se sostiene en la acusación.

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Ahora, al analizar el expediente y los recursos defensivos, el juez de Control indicó que no encontraba indicios aún para sostener que Mercado era uno de los "jefes" de la presunta asociación ilícita, por lo que le "bajó" la calificación a miembro.

No obstante, subrayó que el cargo jerárquico de Mercado (fue jefe de Delitos Económico y de Investigaciones Criminales, hasta que en diciembre de 2023 el actual ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, lo ungió como subjefe de la fuerza) era clave para que esta asociación ilícita contara con una "cobertura" o una "protección especial".

En la causa, el fiscal Gavier sostiene que Mercado y Cabrera contaron con una posición de privilegio para delinquir, lo que les permitió acceder a información sensible, allanamientos, causas judiciales, entre otras cuestiones claves.

Entre otros puntos, se sostiene que Mercado impartía órdenes a Cabrera para que recuperara algunos celulares robados, en especial cuando el damnificado era una persona con vinculaciones políticas, judiciales o con los medios de prensa.

De esta manera, se indica en la hipótesis, Cabrera acudía a las "cuevas" de los Monje y les solicitaba que esos aparatos "aparecieran".

Así, se sospecha en la causa, Mercado y Cabrera se iban ganando la consideración política para seguir escalando lugares dentro de la Policía y, al mismo tiempo, poder deshacerse de sus posibles competidores internos.

Esta teoría desnudaría un modus operandi que suele ser habitual en las fuerzas de seguridad del país: generar operativos de impacto pero que en realidad no terminan por revelar la real trama que existe detrás de los delitos que más duelen en la sociedad.

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La detención de Mercado en septiembre fue un golpe que todavía se siente en la Policía de Córdoba. Desde el retorno de la democracia, jamás un uniformado de tan alto rango había sido detenido en funciones.

Al mismo tiempo, al analizar su celular y otros elementos secuestrados en los primeros allanamientos, el fiscal Gavier avanzó en otra causa en paralelo, que hace pocas semanas supuso otro fuerte golpe a la Policía.

Se ordenó detener a siete uniformados, entre ellos al exjefe de Delitos Económicos, Diego Martinelli, quien aún no pasó a retiro. Junto a él fueron capturados los expolicías Gabriel Allende, Eduardo Gavilán, Ariel Bazán, Cristian Ríos, Cristian Rivero y Raúl Guerrero.

Todos tienen algo en común: trabajaron durante años en la división Delitos Económicos de la Policía de Córdoba.

Esta vertiente que apunta a desentrañar una presunta usina de negocios ilegales alrededor de la división Delitos Económicos durante más de 10 años.

Junto a ellos también fue detenido otro exmiembro de la Policía de Córdoba, Marcelo Saggio, quien en los últimos años revestía como seguridad privada de un importante banco de la ciudad. Se lo acusa de extorsionar a supuestos investigados por la división Delitos Económicos.

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Entre los testimonios recolectados en esta causa, aparece el de un comisario retirado que reiteró lo que ya había denunciado en 2017 ante la Fiscalía General (entonces liderada por Alejandro Moyano) y el entonces Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, sin que en ese momento lograra alguna repercusión.

En varios despachos de las fiscalías de Tribunales 2 se viene sosteniendo que a partir de la asunción de Juan Manuel Delgado como fiscal General varias investigaciones sensibles comenzaron a tener otro impulso.

Hoy, Mercado comparte módulo con otro exsubjefe detenido, el también exfuncionario municipal Gustavo Folli, apresado a fines del año pasado en una investigación por corrupción en la habilitación de negocios dentro de la Municipalidad de Córdoba. Junto a ellos también está alojado el exhombre fuerte del Servicio Penitenciario, Juan María Bouvier. Diego Concha, el exjefe de Defensa Civil condenado ahora a prisión perpetua por un abuso seguido de muerte (la víctima era una aspirante al Etac), es otro de los integrantes del pabellón. Además, permanecen presos siete policías de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), acusados de robar droga en los operativos, causa por la cual también irá a juicio un fiscal antidrogas, Raúl Ramírez (está en libertad).

Pocas veces las cárceles de Córdoba tuvieron dentro de sus celdas a personajes tan importantes dentro de instituciones claves en la provincia.

A todos esto, el exministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, quedó a las puertas de afrontar un juicio acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves doblemente calificadas, privación ilegítima de la libertad calificada, y hurto y amenazas, en contra de una mujer de 34 años que revestía como policía. 

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