La Corte Suprema ratifica condenas a exsecretarios por corrupción judicial

Buenos Aires, 2 julio (NA) – La Corte Suprema de Justicia desestimó los recursos presentados por los exsecretarios judiciales Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau, condenados junto al exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, al considerar que no estaban dirigidos contra una sentencia definitiva.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos al sostener que los recursos no se dirigían contra sentencias definitivas o equiparables a tales, por lo que quedó firme esa decisión procesal. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la resolución se vincula con la revisión de las condenas dictadas en la causa en la que se investigó una maniobra para beneficiar a narcotraficantes mediante resoluciones judiciales a cambio de dinero.

Soto Dávila estuvo al frente del Juzgado Federal N.º 1 de Corrientes durante 22 años y renunció en febrero de 2019, cuando era investigado por favorecer a narcotraficantes. La fiscalía lo acusó de liderar una asociación ilícita y sostuvo que, en distintas causas, se concretaron negociaciones y presentaciones para obtener resoluciones favorables, demorar fallos o disponer libertades, faltas de mérito y exenciones de prisión a cambio de dinero u otros beneficios.

En junio de 2023, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó por mayoría al exmagistrado a seis años de prisión por cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado en tres oportunidades, en concurso ideal con tres hechos de prevaricato, todos en concurso real. En ese mismo fallo, Molina recibió una pena de cinco años de prisión y Grau otra de cuatro años, al ser considerados receptores de dinero y partícipes del delito de prevaricato. En la causa también fueron condenados abogados y narcotraficantes.

A fines de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revisó las apelaciones y, a pedido de la fiscalía, agravó las condenas por el delito de asociación ilícita, por lo que ordenó reenviar el expediente al Tribunal Oral Federal de Corrientes para que fijara nuevos montos de pena. Contra esa decisión, las defensas de los dos exsecretarios presentaron un recurso de queja que finalmente fue desestimado por la Corte Suprema.