La baja de edad de imputabilidad: ¿una solución real al delito en Argentina?

Buenos Aires, 14 de febrero (NA) – El debate sobre la disminución de la edad de imputabilidad en Argentina ha incorporado un enfoque técnico que cuestiona las expectativas de una solución rápida ante la inseguridad. El abogado Francisco Oneto examinó la posible reforma que establecería el límite en 14 años y fue claro al definir la función de la ley: "El derecho penal no está para prevenir el delito, está para tutelar los efectos del delito".

El especialista argumenta que la sanción se asemeja a una "aspirina" que solo se utiliza cuando el dolor ya se presenta, sin que impida la enfermedad social que provoca la delincuencia. Para Oneto, hay una contradicción en la legislación actual, ya que, de acuerdo con el Código Civil y Comercial, la edad de imputabilidad debería ser incluso menor. "El discernimiento para los actos ilícitos se adquiere a los 10 años. A esa edad, uno sabe lo que está bien y lo que está mal", explicó en Radio Rivadavia, aunque aclaró que esto no representa una opinión personal a favor de esa cifra, sino una observación sobre la coherencia normativa.

Sin embargo, advirtió que bajar la edad a 14 años no garantiza resultados inmediatos: "Dudo que vayas a conseguir los efectos que se buscan. No es que a partir de ahora los menores van a dejar de delinquir, sino que eventualmente seguirán cometiendo delitos y recibirán sanción".

El abogado también buscó desmentir la creencia de que los menores de 16 años tienen libertad total tras cometer crímenes graves bajo la legislación vigente. "Hay un mito erróneo que sostiene que el menor de 15 que mata se va a casa. La ley actual establece que el juez dispone del menor y lo envía a un instituto", precisó.

En este contexto, Oneto enfatizó que el verdadero enfoque de la discusión debería estar en el tratamiento tutelar y no solo en la dimensión punitiva, diferenciando claramente entre la pena que reciben los mayores de 16 y la tutela que se aplica a los no punibles. Respecto a la situación en las cárceles y la problemática de los celulares, planteó una visión que se aleja de la lógica convencional, sugiriendo que la prohibición total resulta ineficaz y que la clave radica en el control estatal. "Debería haber trazabilidad en los celulares. Si a un preso se le proporciona un teléfono, el Estado debe conocer el número de IMEI y quién se lo dio. Cuando se organiza un crimen, se sabe quién es", propuso.

De esta manera, cuestionó la eficacia de un sistema que, según su criterio, oscila entre el mandato constitucional de resocialización y un deseo social de castigo que aún no se define claramente. Finalmente, instó a la dirigencia y a la sociedad a un sinceramiento sobre el sistema penitenciario: "En Argentina, el común denominador de la sociedad quiere que la pena sea castigo. Hagamos algo: denunciemos la Convención Americana y digamos que la pena es castigo, y veamos cómo nos va", lanzó con ironía sobre la discrepancia entre la teoría jurídica y la realidad material.

Para Oneto, el actual "término medio" no logra ni reintegrar al joven ni satisfacer el reclamo de justicia, dejando al Estado en una situación de ineficiencia constante frente al fenómeno criminológico.