La AGN alerta sobre fallas en el control del Tren San Martín tras tragedia de Once

Buenos Aires, 17 de junio (NA) – La Auditoría General de la Nación (AGN) ha señalado importantes deficiencias en los mecanismos de control y fiscalización del mantenimiento y las operaciones del Tren San Martín. En su informe, el organismo cuestiona la efectividad de las herramientas regulatorias implementadas para abordar irregularidades en la seguridad ferroviaria.

El análisis se centró en la gestión del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), abarcando la Línea San Martín entre enero de 2023 y diciembre de 2024. El informe, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, revela que, a pesar de las acciones de la CNRT para detectar incumplimientos, las medidas implementadas para corregirlos han tenido una efectividad limitada.

La auditoría reconstruyó el funcionamiento del sistema sancionatorio vigente hasta 2023 y destacó que las observaciones realizadas por el organismo regulador no lograban inducir cambios efectivos en el comportamiento de los operadores ferroviarios estatales. La CNRT había reconocido que el régimen de control se había vuelto "un monótono y constante proceso administrativo que culmina en 'Llamados de atención' semestrales por cada especialidad y por cada Línea ferroviaria", lo que no permitía generar datos concretos para fundamentar políticas públicas o decisiones regulatorias válidas.

Además, el organismo regulador criticó que este procedimiento resultaba en un "dispendio administrativo", involucrando diversas áreas para cumplir obligaciones normativas sin lograr modificar la conducta de los operadores ferroviarios. En una de las observaciones más contundentes, la CNRT concluyó que el sistema basado en la Resolución 2210/15 "no resultaría eficaz para la fiscalización y control de cuestiones referidas al mantenimiento, seguridad y accidentes del sistema ferroviario nacional".

La auditoría también reveló que los cambios normativos implementados en 2023 anularon expedientes sancionatorios acumulados durante años. En la Línea San Martín, quedaron archivados 43 expedientes vinculados con sanciones impuestas por la CNRT entre 2017 y 2022, que habían sido apelados por la operadora ferroviaria estatal.

La AGN indicó que el régimen sancionatorio fue sustituido por un esquema de "coordinación y verificación" conocido como Control Evaluativo Integral, que eliminó las sanciones previas y se enfocó en mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño. Sin embargo, el organismo observó que la nueva normativa tampoco establece consecuencias claras ante anomalías detectadas en las inspecciones. El informe señala que se limitará a indicar que "se promoverán las medidas que se consideren necesarias para lograr la regularización de las mismas o las medidas de mitigación que correspondan".

Adicionalmente, la AGN destacó que la CNRT ha admitido que no posee facultades para interrumpir servicios ferroviarios debido a problemas como falta de inversión, mantenimiento insuficiente o situaciones de emergencia. La auditoría también resalta las limitaciones del sistema actual al mencionar que ni siquiera antecedentes críticos como la Tragedia de Once llevaron a la interrupción de servicios. Según el organismo, "no se interrumpieron los servicios tras el accidente ocurrido en la estación Once el 22 de febrero de 2012", ni durante la intervención de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) o la posterior transferencia de la operación a otros concesionarios privados.

La auditoría se realiza en un contexto de Emergencia Pública Ferroviaria declarada por el Gobierno nacional en junio de 2024, que reconoce la necesidad de revisar las condiciones de mantenimiento y seguridad del sistema ferroviario. La AGN concluyó que persisten debilidades regulatorias e institucionales que limitan la capacidad del Estado para traducir las observaciones de los organismos de control en mejoras concretas en la operación ferroviaria. Además, advirtió que las herramientas disponibles para corregir irregularidades siguen siendo insuficientes para garantizar cambios efectivos en la conducta de los operadores y reforzar la seguridad del servicio ferroviario.