Informe revela crisis en las cárceles argentinas: condiciones críticas y falta de datos

Buenos Aires, 28 junio (NA) – La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó el informe anual que analiza la situación de los derechos humanos en las cárceles federales, donde se revelan déficits estructurales, falta de transparencia informativa y retrocesos normativos.

Este informe fue enviado a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo en el Congreso el 28 de mayo, en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 25.875.

El documento, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, destaca que la sobrepoblación y el hacinamiento extremo siguen siendo problemas graves, especialmente en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

En total, más de 2.339 personas están alojadas en centros transitorios que no cumplen con los estándares internacionales de condiciones de encierro.

En el ámbito nacional, hasta diciembre de 2025, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) reportó 12.152 personas detenidas en cárceles: 11.164 varones (91,9%), 954 mujeres (7,8%) y 34 personas trans (0,3%). De este total, el 63% tenía condena firme y el 37% estaba en prisión preventiva.

En los últimos dos años, la población detenida creció un 5,4% en 2024 y un 3,6% en 2025. El SPF también informó sobre un aumento de 516 plazas en el sistema penitenciario.

Sin embargo, la PPN señala que no hay información actualizada desagregada por establecimiento penitenciario, dado que los datos dejaron de publicarse en el sitio oficial. La última actualización disponible corresponde a un informe de 2024.

Se documentaron 332 casos de malos tratos en cárceles federales y otros lugares de detención, así como 48 muertes, de las cuales 14 fueron violentas, incluyendo ahorcamientos e incendios.

Durante 2025, la PPN recibió 19.539 reclamos relacionados con salud, trabajo, comunicación con la defensa, hacinamiento y acceso a la justicia.

Se realizaron monitoreos constantes en cárceles, comisarías y en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires, así como en dependencias de fuerzas federales.

Además, la Procuración emitió recomendaciones sobre el derecho a la salud en comisarías, acceso al trabajo y prevención de registros corporales intrusivos.

Se intervinieron 45 hábeas corpus colectivos para mejorar las condiciones de detención, destacando uno presentado en marzo que impugnó la Resolución 372/2025 que limitaba el acceso a la educación superior de las personas detenidas.

El informe también destaca un fuerte retroceso en el acceso al trabajo en contextos de encierro debido a resoluciones ministeriales que redujeron las horas laborales de las personas detenidas.

La PPN presentó objeciones constitucionales a disposiciones que derogan artículos clave de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

En resumen, el informe anual 2025 revela un sistema penitenciario con déficits estructurales persistentes, falta de transparencia informativa y retrocesos normativos, reafirmando el compromiso de la PPN en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.