Imputan a socios de Instituto por contratar a estafadores para pagar los abonos

Dos primas y un cajero de supermercado se convirtieron en la punta de una pirámide cuya base no deja de engancharse. El fiscal de Cibercrimen de Córdoba, Franco Pilnik, resolvió imputar a 24 socios del club Instituto, a los que acusó de haber formado parte de una operación fraudulenta en contra de la institución. Un caso que se ha transformado, sin proponérselo, en un expediente aleccionador.

Según consta en la investigación que la fiscalia encaró junto a la división Ciberterrorismo de la Policía de Córdoba, en enero de 2024, tras una investigación propia, el club Instituto denunció que había detectado a delincuentes que a través de las redes sociales ofrecían pagar las cuotas, las entradas o los abonos para ir a la cancha a un precio bastante inferior al oficial. A todas luces, se trababa de una maniobra delictiva.

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De esta manera, la fiscalía llegó a dos primas, Florencia Belén Mercado (27) y Micaela Mercado (28), con domicilios en Villa El Nailon y barrio Panamericano, y Javier Martín Ocampo (36), cajero de un conocido supermercado de Córdoba. 

Las jóvenes, vinculadas a una facción de la barra conocida como Los Ranchos, ejecutaban una maniobra que hace tiempo se viene reproduciendo en la provincia. 

Según la acusación, a traves de una foto o algun otro metodo con el que passaba inadverido, el cajero, con 11 años de experiencia en ese mismo trabajo, lograba copiar la numeración y la clave de seguridad de las tarjetas de débito o crédito con la que los clientes pagaban las compras. 

Luego, le enviaba estos datos a las primas. Y ellas, a través de las redes sociales, comenzaban a ofrecer el servicio: pagar en línea con descuento.

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Por sistema, para comprar entradas o abonos del fútbol de Instituto, primero hay que estar asociado. O sea, estos socios le deban sus propias contraseñas a las primas Mercado, quienes pasaban a adquirir las entradas o abonos pagando en línea con las tarjetas de crédito o débito cuyos datos habían obtenido de manera fraudulenta. A cambio, le cobraban a cada socio alrededor del 50 por ciento del valor real de la compra.

"El socio no podía desconocer que se trataba de algo ilegal", resumió un investigador.

Cuando al verdadero dueño de la tarjeta utilizada le llegaba el resumen, se deba cuenta de que alguien más había utilizado los datos para realizar compras qué ahora desconocía. 

En muchos casos, estos socios ya habían asistido al partido, por lo que la anulación de la compra terminaba por generarle un daño patrimonial al club, que recién entonces descubría el fraude.

Por eso, el fiscal no sólo imputó a las primas Mercado y al cajero Ocampo por asociación ilícita y estafas, sino que amplió la acusación contra 24 socios, acusados como participes de fraude, delito que contempla una pena de entre un mes y seis años de prisión.

"De los informes del club Instituto y la plataforma de cobro Pago Tic, surge la realización de pagos con datos de tarjetas de crédito/débito obstenidos sin autorización que redundaron en beneficios para los miembros de la banda como de los socios intervinientes, y refleja la manera sobre cómo funcionaba la banda, los aportes y las relaciones existentes entre sus miembros", se sintetiza en la acusación.

Para estos socios, lo que creían barato terminó por salirles muy caro. Algunos ya presentaron a través del abogado Juan Pablo Bastos una propuesta de extinción de acción penal: reparan económicamente al club para lograr que la causa se extinga y así no quedar con antecedentes penales. 

Para eso, no sólo que tienen que pagar un abogado, sino que, por lo general, al club le terminan ofreciendo un monto mayor al que en su momento "se ahorraron". Más el dinero que le pagaron a las primas y que tampoco van a recuperar.

"Prenderse en estos delitos no es inocuo. Tiene consecuencias para todos los involucrados", apuntó otro investigador.

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