Imputan a cardiólogo y enfermero por defraudar a PAMI con servicios médicos falsos

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – Un cardiólogo y un enfermero han sido imputados por presuntamente defraudar al PAMI mediante la facturación de servicios médicos que nunca llevaron a cabo, sumando así cuatro acusaciones en su contra. Las dos primeras son por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina.

La imputación fue formalizada por la Unidad Fiscal Rosario, con la participación de los fiscales María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, junto con la colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI). Los acusados, identificados como el médico M.G.A. y el licenciado en enfermería M.A.P., habían sido detenidos en junio pasado en el marco de una investigación previa por los mismos delitos.

Durante la audiencia de formalización, el juez federal de Garantías Carlos Alberto Vera Barros confirmó un plazo de investigación de seis meses, a la espera de peritajes sobre dispositivos móviles y computadoras que fueron incautados. Además, se impusieron medidas de coerción que incluyen el sometimiento periódico al proceso y la prohibición de salida del país, según destaca el portal Fiscales.

La investigación se inició tras una denuncia presentada en abril por la UFI-PAMI, que reveló las acciones de los acusados. Las irregularidades fueron detectadas mediante el sistema CUP del PAMI, donde el cardiólogo reportó haber realizado, entre octubre de 2023 y octubre de 2024, 36.085 prácticas médicas a nombre de 4.982 afiliados, por las cuales la obra social le abonó un total de $579.943.598,88.

Posteriormente, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, el médico reportó 14.546 prácticas realizadas a 2.275 afiliados, que habrían generado un costo de $147.974.775,68. Sin embargo, este monto no fue abonado tras detectarse irregularidades, lo que llevó a la apertura de una investigación.

Dentro del proceso, varios afiliados de distintas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declararon, negando haber recibido atención del médico. La fiscalía también determinó que, en junio de 2024, los acusados adquirieron una vivienda, presentando documentación falsa a la escribana que intervino en la operación, utilizando una sociedad sin actividad comercial como fachada.