Medidas de reparación
23/10/2025 | 15:46
Redacción Cadena 3
El Poder Judicial de Córdoba avanza en la implementación de medidas que buscan garantizar el acceso rápido y efectivo a la Ley Brisa —norma que otorga una reparación económica y cobertura de salud a hijas e hijos de víctimas de femicidio— mediante una articulación inédita entre el Ministerio Público Fiscal (MPF), el Ministerio Público de la Defensa (MPD) y la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), entre 2017 y 2024 hubo 1.685 niñas, niños y adolescentes en todo el país que quedaron bajo tutela tras la muerte violenta de sus madres. Solo en Córdoba, durante 2024, se registraron 14 hijos e hijas de víctimas directas de femicidio.
Una política judicial con enfoque en la reparación
La Ley Brisa (n.º 27.452), sancionada en 2018, garantiza una reparación económica mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo para los hijos e hijas de mujeres asesinadas en contextos de violencia de género, hasta los 21 años —o de por vida en el caso de personas con discapacidad—.
En Córdoba, la Justicia trabaja para que este derecho no quede en el papel. “El paradigma ha cambiado: pasamos de un modelo centrado en la represión del delito a uno orientado a la respuesta y reparación integral”, explicó Bettina Croppi, fiscal adjunta del MPF, impulsora de la Instrucción General n.º 02/2025, que estandariza la actuación de las fiscalías frente a casos de femicidio seguidos de suicidio.
Esa resolución fue clave para acelerar los trámites que permiten acceder al beneficio, ya que en muchos de estos casos no existía una resolución judicial firme. La instrucción ordena que se archive la causa con una mención expresa a la Ley Brisa y que se notifique a las familias en lenguaje claro y accesible.
Defensa pública y acompañamiento personalizado
En paralelo, el Ministerio Público de la Defensa emitió su propia Instrucción General 02/2025, orientada a reforzar la difusión del régimen y a garantizar un acompañamiento integral a las familias beneficiarias.
La Unidad de la Defensa Pública de Víctimas (UDV) cumple un rol fundamental: localiza y contacta a los familiares de las víctimas, los asesora sobre la documentación requerida por ANSES y los acompaña durante todo el proceso. “Muchas familias desconocían la existencia de la ley. Nuestro trabajo es acercarles la información, reunir los documentos y garantizar que el derecho se cumpla”, señalaron las auxiliares Paula Rivera y Paula Reale.
La UDV también articula con defensorías locales y realiza entrevistas virtuales para asistir a quienes viven en el interior provincial. Además, gestiona partidas y sentencias cuando las familias no cuentan con esos documentos, evitando que la burocracia se transforme en una nueva forma de revictimización.
Datos, articulación y cooperación institucional
La Oficina de la Mujer del TSJ y la Dirección General de Planificación y Control de Gestión del MPF aportan información clave sobre víctimas de femicidios con hijos a cargo, permitiendo la construcción de una base de datos actualizada que facilita la identificación de potenciales beneficiarios.
El trabajo conjunto se extiende al Polo Integral de la Mujer, que colabora en la gestión de trámites judiciales y administrativos, garantizando que las familias reciban el acompañamiento necesario para acceder a la reparación económica.
Una experiencia modelo
El enfoque cordobés fue presentado el pasado 10 de septiembre en el panel “Prácticas judiciales que facilitan el acceso a la reparación para víctimas de violencias de género. Experiencias sobre la Ley Brisa en CABA, Chubut y Córdoba”. El encuentro, organizado por la Oficina de la Mujer del TSJ, reunió a más de 300 participantes y contó con la participación de especialistas como Marisa Fassi, Noris Pignata, Mariana Ripa, Marisa Barcelona, Bettina Croppi, Paula Rivera y Paula Reale.
La experiencia de Córdoba se perfila así como un modelo de articulación judicial e institucional, que transforma el reconocimiento legal en un acto concreto de reparación y justicia para las niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por la violencia de género.
¿Qué busca el Poder Judicial de Córdoba? Implementar medidas para garantizar el acceso rápido y efectivo a la Ley Brisa, que otorga reparación económica a hijos e hijas de víctimas de femicidio.
¿Quiénes participan en esta articulación? El Ministerio Público Fiscal (MPF), el Ministerio Público de la Defensa (MPD) y la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
¿Cuándo se sancionó la Ley Brisa? La Ley Brisa fue sancionada en 2018.
¿Dónde se registraron casos de femicidio en 2024? En Córdoba, se registraron 14 hijos e hijas de víctimas directas de femicidio.
¿Por qué es importante la Instrucción General n.º 02/2025? Esta instrucción estandariza la actuación de las fiscalías y acelera los trámites para acceder a los beneficios de la Ley Brisa.
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