Fentanilo contaminado: Ariel García Furfaro apeló su procesamiento

Ariel García Furfaro, el empresario dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. que se encuentra detenido con prisión preventiva en la causa por el fentanilo contaminado, que ya habría provocado 124 muertes en el país, apeló su procesamiento a través de un escrito de 100 hojas al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

En el documento se detallan diversos planteos por los que se debería revocar el procesamiento dictaminado por el juez federal Ernesto Kreplak a fines de septiembre, además de que solicita la nulidad de la indagatoria y, consecuentemente, de los actos posteriores, sumado a que "el embargo resulta desproporcionado e inmotivado y debe ajustarse a niveles proporcionales".

En el dictamen de procesamiento, Kreplak consideró que el empresario "es coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales" por provocar los fallecimientos de 20 personas, "en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor".

A García Furfaro se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de "la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta en "la adulteración del lote 31202 "perteneciente al opioide, el cual se encontraba "destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024".

"Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas", remarca el escrito al que accedió NA.

Ahora, su defensa, a cargo del abogado Gastón Marano, remarcó en varios puntos las diversas incongruencias por parte del magistrado.

Marano remarcó en el escrito que "no se determinó con precisión el hecho atribuido ni el aporte causal individual" y la "falta de individualización del hecho imputado", entendido como la conducta concreta -que por acción u omisión aumentó un riesgo no permitido- viola garantías constitucionales y principios de derecho público en varios sentidos.

En este sentido, destaca que el Estado "no puede acusar al individuo sobre la base de elementos probatorios que le resultan sospechosos y por los cuales piensa que el imputado es autor de algo que no puede identificar con precisión".

"Sin hecho individualizado ni nexo causal concreto, el procesamiento carece de base fáctica suficiente", sumó.

El defensor sostiene que no encuentran ningún párrafo "que explique cómo, utilizándose una máquina de última generación y llena de salvaguardas para evitar fallos, se contaminó el medicamento aquí en ciernes".

"No encontramos siquiera un esbozo por parte de quienes tienen a cargo investigar lo ocurrido, respecto a la forma en que una bacteria multirresistente, propia de ámbitos nosocomiales, se coló en un laboratorio y ‘burló’ la totalidad de las salvaguardas del proceso productivo de un medicamento. Esto es absolutamente inexcusable", explayó.

Los puntos más importantes de la apelación son la imputación genérica, la responsabilidad por función, la falta de individualización, falencias en la investigación y hasta la falta de análisis de informes.

En las 100 hojas Marano se encargó de expresar que en la pesquisa no se cumplieron con los principios internos del Código Procesal Penal de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta también de la Corte Suprema Argentina.