Exclusivo: los chats en los que los policías se burlaban de Orihuela

La única sumariante de turno de la unidad judicial estaba demorada, tramitando una denuncia por la desaparición de una persona. Aquel sábado 25 de abril, las horas parecían no pasar más en el interior de la comisaría 6ª, en barrio Altos de General Paz, de la ciudad de Córdoba.

Minutos antes de las 18, una patrulla había llegado trasladando en la parte trasera a un joven de 19 años, Tomás Orihuela, a quien habían detenido y esposado luego de controlarlo en una calle de Bajo Pueyrredón, una zona caliente ubicada a la vera del acceso capitalino por la ruta nacional 19.

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Largas horas pasaron los dos policías y el detenido arriba del patrullero, estacionado en el ingreso a la comisaría, hasta que los efectivos decidieron bajarlo y alojarlo en una celda, alrededor de las 21. La sumariante aún no había tomado el procedimiento, pero ellos lo dejaron allí de todos modos.

La mujer policía que lo había trasladado se marchó entonces a un cotillón cercano.

El dato, aportado a Cadena 3 por otros policías de la misma comisaría, forma parte de una radiografía brutal que comienza a revelarse detrás de la muerte de Orihuela en aquel calabozo.

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La historia ya es conocida. El jueves 23 de abril, al mediodía, el joven recuperó la libertad tras permanecer cuatro meses presos, acusado de integrar una banda que robaba celulares en los bailes. Aquel día, firmó un acuerdo de juicio abreviado, aceptó su culpabilidad y recibió una condena condicional.

Y volvió a la calle. Pero en su primera noche en libertad, no pudo dormir en la casa de su madre. Aquel día, cuando cayó el sol, la Policía desplegó uno de los denominados "operativos saturación", que persigue la idea de mostrar un fuerte avance de los uniformados en algunos sectores de la ciudad en los que usualmente encuentran resistencias para lograr ingresar. 

En aquel operativo, que fue encabezado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, Orihuela fue detenido, pese a que no había generado ningún delito. 

Al ser controlado en una calle, los policías constataron en el teléfono provisto que Orihuela tenía pedido de captura, algo que en realidad era un error.

Incluso, el joven llevaba encima un oficio emitido por Tribunales esa mañana, cuando lo liberaron, en el que se certificaba que no tenía ninguna orden de detención vigente.

Para los policías, en el sistema aparecían dos órdenes: una, por la causa de los celulares, por la que había sido detenido cuatro meses antes; y otra por una investigación por un robo en Gualeguaychú, en Entre Ríos.

Al ser trasladado a la unidad judicial que funciona en la comisaría 6ª de barrio Altos de General Paz, la sumariante corroboró que Orihuela tenía razón: las órdenes de captura habían caducado. 

Recién durante la madrugada del viernes fue liberado. Pero el oficio que era su salvoconducto para evitar cualquier detención en medio de estos "controles" callejeros, quedó en un cajón de la comisaría. Le dijeron que quien tenía la llave iba a regresar el lunes siguiente.

Según la familia, el viernes, Orihuela le mandó dos audios a su madre, en los que vaticinaba, sin proponérselo, lo que iba a ocurrir un día después. 

"Me quiero ir de acá del barrio porque tengo miedo de que me frenen en algún control y me lleven por nada", se escucha en el primero.

Y continuó en un segundo mensaje: "Esas guardias de la sexta siempre me paran, no puedo andar por acá. Me tengo que ir para otro lado, pero me pueden llevar por cualquier cosa para dejarme preso”.

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El sábado siguiente, a la tarde, cuando regresaba de la peluquería, Orihuela fue frenado de nuevo por una patrulla policial, cerca de su casa del Bajo Pueyrredón.

Y la historia se repitió: pese a sus explicaciones, y que los familiares filmaban todo, los policías insistieron con que en el teléfono provisto "saltaba" una orden de captura, por lo que fue esposado allí, en medio de la calle, y trasladado a la comisaría 6ª.

En los grupos de chat de las patrullas, los policías se mofaron de esta situación. Sabían que las órdenes de captura habían caducado, pero valiéndose de que aún aparecían vigentes en el sistema cargado en el teléfono provisto por Jefatura, lo esposaron y lo llevaron detenido igual.

A través de diversas fuentes policiales, Cadena 3 tuvo acceso exclusivo a uno de estos grupos.

Denominado como "Grupo Datos CAP 6", cuenta con casi 60 miembros, algunos de ellos de alta jerarquía dentro de la fuerza.

Aquel sábado 25, a las 20.27, uno de los contactos sacó una foto de la pareja de los policías, con Orihuela dentro del patrullero. "Preso de nuevo" y un emoticon completaron el mensaje.

De inmediato, otro agente festejó la situación, creyendo que no era cierto: "A q no t da!?", apuntó.

"Si ya está preso", respondió el primero.

A partir de entonces, aparecen diversos stickers, mofándose de la situación.

"Igual, es por el pedido que le salta! Ya en breve lo dejan qru", apuntó otro de los que comentaba.

En el código policial, qru significa "sin novedades negativas": o sea, ya todos los miembros de ese grupo sabían que la orden de captura en contra de Orihuela no estaba vigente y que en la unidad judicial debían darle la libertad.

Pero igual lo habían detenido.

Los mensajes continuaron con más chanzas, hasta que a las 20.29 otro policía tiró una idea en el grupo: "A menos que le pongan resistencia y amenaza", más un emoticon guiñando un ojo.

Y arrobó a uno de los policías que lo había detenido.

Para reforzar, agregó un sticker: "Los cagones no hacen historia".

En el medio, varios mensajes se fueron eliminando. Algunos de los participantes tenían la configuración para enviar chats de una sola lectura; otros, borraron todo cuando horas después se conoció que Orihuela había aparecido ahorcado en una celda.

El viernes pasado, cuando comenzaron a trascender las primeras imputaciones, llegó un nuevo mensaje al grupo, con la orden de borrar todo y abandonarlo.

Lo concreto es que aquel sábado, el patrullero, con los dos policías y Orihuela adentro, permaneció estacionado en la puerta de la comisaría, en un pasillo, durante más de cuatro horas. 

Recién después de las 21, ingresaron a Orihuela en una celda, ese a que aún no habían entregado el procedimiento a la unidad judicial, ya que la sumariante de turno continuaba abocada a una denuncia por una desaparición de persona en esa zona de la ciudad, según reconstruyó Cadena 3 a través de diversas fuentes.

En el medio, según aseguraron informantes judiciales y policiales, la misma sumariante y el propio jefe de la comisaría, a través de otros chats, les habrían indicado a los policías que no entregaran el procedimiento, que Orihuela había sido detenido por un error que ya habían constatado menos de 48 horas antes.

Pero los uniformados aseguraban que si en el teléfono provisto "saltaba" una orden de detención, ellos estaban obligados a entregar el operativo.

Y mientras aguardaban que los hicieran ingresar en la unidad judicial, resolvieron bajarlo del patrullero y encerrarlo solo en esa celda. 

La mujer que participaba de ese operativo, cuentan hoy sus compañeros, se habría ido a un cotillón cercano, pese a que aún estaba de turno.

Media hora después, Orihuela fue encontrado ahorcado con su propio buzo dentro de aquella celda.

El peritaje de la autopsia apuntó que el joven había muerto por ahorcamiento y que no presentaba signos de otros golpes. Cotejado este informe con las cámaras de seguridad de la comisaría, todo indica que adentro de la celda nadie atacó a Orihuela, ya que estaba solo. O sea, se habría suicidado.

La muerte de Orihuela dentro de una comisaría jamás fue informada esa noche ni al otro día en los partes de novedades que la Policía y el Ministerio de Seguridad de Córdoba divulgan a diario.

Pero todo salió a la luz.

El fiscal Andrés Godoy imputó el viernes pasado a tres policías, entre ellos la mujer que se habría ido al cotillón, por el delito de "privación ilegítima de la libertad". Ella fue la única detenida, ya que se constató que además habría borrado varios mensajes de su celular.

Otros dos agentes que esa noche estaban de guardia dentro de la comisaría 6ª fueron acusados de "homicidio culposo": se sospecha que fueron negligentes en su deber de cuidado. Uno de ellos dijo que había salido a la calle porque había un problema con un auto estacionado.

Y un comisario de apellido Córdoba, de las Unidades Especiales de la Policía, terminó imputado por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". 

Según contaron las fuentes consultadas, se sospecha que el día en el que un funcionario judicial llegó hasta esa comisaría a secuestrar los celulares de todos los policías bajo sospecha, en un descuido, este comisario les habría devuelto los aparatos a algunos de ellos, quienes en ese momento los habrían manipulado con la intención de borrar mensajes.

Arriba de ellos había cámaras de seguridad.

Por ahora, son seis los policías acusados. 

Otra vez, como ocurrió con el crimen policial de Blas Correas, en la pandemia de 2020, detrás de la muerte de Orihuela asoma otro intento de encubrimiento. 

En sólo 14 meses, ya hay 13 policías imputados por la muerte de tres personas en medio de operativos policiales: Guillermo Bustamante (en una estación de servicios en Villa Páez, de la ciudad de Córdoba) y Samuel Tobares (en Villa Parque Síquiman) fueron los otros dos casos que se investigan en distintas fiscalías.

Desde el llamado narcoescándalo de 2013, la causa que ahora la Corte Suprema finalizó con fuertes condenas a la cúpula de la entonces división Drogas Peligrosas, acusada de "armar" causas, la Policía de Córdoba no ha dejado de ser escenario de diversos escándalos.

Desde 2013 a hoy, ya pasaron 11 ministros y/o secretarios de Seguridad y siete jefes policiales. 

Sólo en esta última gestión, que comenzó en diciembre de 2023, fueron detenido un subjefe en funciones (Alejandro Mercado), el jefe de la Policía Caminera (Maximiliano Ochoa Roldán), el número dos de esa división (Martín Heredia) y el jefe de Asuntos Legales de la Jefatura (Leonardo Javier Torres). 

En diversas causas, están acusados por integrar presuntas asociaciones ilícitas que tendrían un denominador en común: valerse de la información privilegiada que obtenían por tener tan altos cargos en Jefatura. 

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Hace pocos días, fue apartado el jefe de Seguridad Capital (había asumido hacía solo cinco meses), Juan Pablo Esquivel, involucrado en una investigación por violencia doméstica. 

A finales de diciembre pasado, el entonces jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez pasó a retiro tras sólo dos años en el cargo, siendo reemplazado por Marcelo Marín.