Estudio revela el estado actual del cuidado infantil y las licencias en Argentina

Buenos Aires, 6 de agosto (NA) -- Los cuidados que reciben los niños en su primera infancia son una de las inversiones con mayor impacto social y económico que puede hacer un país: inciden en el desarrollo humano, en la igualdad de oportunidades y en la productividad futura, además de la participación laboral de quienes hoy sostienen esas tareas.

Se trata de un desafío que excede el ámbito doméstico y que involucra al Estado, al mercado, y a la comunidad y, dentro de ese sistema, el régimen de licencias familiares es una de las principales herramientas con las que cuenta el Estado para garantizar tiempo protegido para cuidar, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Mientras el país atraviesa una transformación demográfica profunda -la tasa de fecundidad cayó 49% entre 2014 y 2024, junto con una creciente participación femenina en el mercado laboral-, el régimen conserva la lógica con la que fue concebido: la Ley de Contrato de Trabajo entiende la licencia como una prohibición de trabajar alrededor del parto, es decir, como cobertura de una incapacidad temporaria.

La evidencia sobre desarrollo infantil temprano sugiere correr ese eje: el tiempo disponible en los primeros meses no es un beneficio laboral, sino un insumo del desarrollo del capital humano.

Hoy, la licencia por paternidad en Argentina -para quienes están alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo- es de 2 días. Se trata de la licencia por paternidad más breve de Sudamérica. A su vez, cerca de la mitad de los/as trabajadores/as no accede a licencias por nacimiento o adopción, ya sea por trabajar en la informalidad o por desempeñarse como cuentapropista.

Ese tiempo para cuidar incide directamente sobre la posibilidad de iniciar y sostener la lactancia durante los primeros meses de vida. La evidencia muestra que la lactancia no depende únicamente de la decisión de las familias, sino también del tiempo disponible para cuidar, del acompañamiento del sistema de salud y de las condiciones que ofrecen los lugares de trabajo.

Los resultados en Argentina

En esta materia, Argentina muestra resultados por encima del promedio regional: según la última Encuesta Nacional de Lactancia Materna (ENaLac), 9 de cada 10 bebés reciben leche materna en sus primeros seis meses y el 53% lo hace de manera exclusiva, frente a un 43% en América Latina y el Caribe, superando la meta del 50% fijada por la Organización Panamericana de la Salud para 2025.

Sostener esa práctica, en cambio, se vuelve más difícil con el paso de las semanas: entre los 2 y los 6 meses, la lactancia exclusiva cae del 54% al 45%. La propia ENaLac identifica el tiempo de licencia disponible -tanto del cuidador primario como del secundario- entre los factores asociados a una mayor prevalencia.

En cuanto al sector privado, el estudio releva experiencias que ya llevan adelante empresas en Argentina para acompañar los cuidados de su personal -horarios flexibles, teletrabajo, licencias adicionales a las previstas por la normativa, convenios de acceso a servicios de cuidado infantil y espacios para la lactancia, entre otras-. Estas iniciativas muestran que el compromiso empresarial puede complementar al del Estado, aunque su alcance todavía es heterogéneo y depende del tamaño y el sector de cada empresa.

A su vez, dado que buena parte de las mujeres en Argentina trabaja de manera informal o por cuenta propia, el estudio sistematiza los instrumentos disponibles para acompañarlas durante el embarazo, el puerperio y la crianza temprana -transferencias, servicios estatales de cuidado y redes comunitarias, entre otros-, con el objetivo de identificar qué apoyos existen y qué vacíos persisten para este universo de trabajadoras.

El relevamiento identifica un patrón: el esquema vigente protege razonablemente el acceso a recursos, como ingresos, alimentos y controles de salud, pero no protege el tiempo para cuidar en los primeros meses de vida.

Estas son algunas de las principales líneas de investigación de Lactancia en contexto: hacia un marco integral de políticas de cuidado, un estudio de junio de este año, elaborado por el Programa de Protección Social de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

"Discutir licencias en un contexto de baja de los nacimientos es discutir capital humano. El tiempo protegido en los primeros meses de vida es uno de los insumos clave del desarrollo: mejora las posibilidades de sostener la lactancia, fortalece el vínculo temprano y favorece el desarrollo infantil, con efectos que trascienden el mercado laboral y llegan a la productividad y la equidad de las próximas décadas", puntualizó Manuel Mera, director de Protección Social de CIPPEC.

Una reforma del régimen de licencias basada en tres principios

El trabajo analiza el régimen de licencias vigente y puntualiza tres problemas estructurales. En términos de cobertura, no es universal: cerca de la mitad de la población trabajadora queda fuera. Es normativamente heterogéneo, ya que los derechos cambian según el tipo de empleo y, en el empleo público, según la jurisdicción y mantiene un sesgo maternalista: las licencias para personas gestantes son hasta 45 veces más extensas que las de personas no gestantes.

Aún hoy, las madres gestantes del sector privado cuentan con una licencia de 90 días, mientras que los padres disponen de 2 días. La normativa, además, prácticamente no contempla situaciones como adopción, nacimientos múltiples, nacimientos prematuros, hijos/as con discapacidad o familias monoparentales.

Según el estudio, este diseño termina reforzando una división tradicional de roles que continúa depositando sobre las mujeres la mayor parte de las tareas de cuidado, con impacto sobre sus posibilidades de inserción, permanencia y desarrollo profesional.

Ante este diagnóstico, CIPPEC propone pensar el sistema de licencias alrededor de tres ejes: universalidad, corresponsabilidad y equidad. Uno de los aspectos centrales consiste en ampliar de manera progresiva las licencias para personas no gestantes, para promover una distribución más equilibrada de las responsabilidades de cuidado. El estudio desarrolla distintos escenarios de implementación, graduales y adaptados a diferentes capacidades y plazos.

El estudio también estima el costo fiscal de ambas alternativas. El régimen actual representa 0,07% del PBI; una reforma de mínima lo llevaría a 0,09% hacia 2033 y uno de máxima a 0,14%. A eso se suma un dato relevante para la discusión presupuestaria: por efecto de la caída sostenida de la natalidad, el gasto asociado a licencias por maternidad y paternidad se redujo 35% en términos reales en la última década, lo que abre espacio para mejorar cobertura y duración sin alterar de manera significativa la trayectoria del gasto. En conjunto, el trabajo concluye que ampliar el régimen es fiscalmente manejable en las dos alternativas.

El estudio incorpora, por último, un análisis de factibilidad política. A lo largo de las últimas dos décadas, bloques de distinto signo presentaron proyectos para actualizar el régimen: en 2023 se debatieron 54 iniciativas en la Cámara de Diputados y se firmaron tres dictámenes que coincidieron en la necesidad de actualizar el sistema, con diferencias en la extensión de los plazos, la gradualidad y los mecanismos de financiamiento.

En la región, dos experiencias recientes muestran que una reforma gradual es viable: Uruguay amplió su licencia por paternidad en 2024 con aprobación unánime del Parlamento, y Brasil sancionó en 2026 una ampliación progresiva hasta 2029.

Agencia NA