Espanto en el placard: el policía asesino que volvió a matar

Cuando el expolicía Horacio Grasso mató por primera vez, debía haber estado preso. Ahora, 18 años después, cuando encontraron un cadáver en su departamento, también debía haber estado detenido en una cárcel. Pero en ambos casos, el sistema judicial de Córdoba lo había beneficiado.

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Según los registros oficiales, el 19 de abril de 2006, el entonces policía Grasso fue detenido acusado de amenazas calificadas, lesiones leves y coacción. Sin embargo, entre una fiscalía y el juzgado de Control decidieron devolverlo a la libertad casi de inmediato, como si se tratara de la mentada "puerta giratoria" de la Justicia: el 12 de mayo, menos de un mes después, estaba otra vez en la calle.

A esa altura, su mediocre carrera policial estaba extinguida. Grasso hacía tiempo que se movía en los márgenes del uniforme y el delito: visitaba a narcos, proveía de armas a delincuentes, controlaba de alguna manera el flujo delictivo en la caliente zona sudeste de la ciudad de Córdoba, en los alrededores del cementerio San Vicente, donde aún el avance de la droga era un secreto que sólo los vecinos conocían.

Menos de un año después de quedar en libertad, Grasso mató. Junto a un exsoldado, Roberto Serviliano Moreno, fueron a robarle a un vendedor de drogas en barrio Colonia Lola. Según la investigación de aquel momento, le dispararon con un FAL, justo cuando en medio de la calle pasaba una familia en un Renault 12.

La mala puntería hizo que el proyectil ingresara por la luneta e impactara en la cabeza del pequeño Facundo Novillo Cancino, quien iba asomándose a la vida, mirando por la ventana del auto.

El crimen destapó, como nunca antes en Córdoba, una realidad que no se quería ver: el narcotráfico, en complicidad con los narcopolicías.

El 24 de abril de ese año, Grasso fue detenido. En 2009 llegó el juicio, y el expolicía terminó condenado a 27 años de prisión por homicidio en ocasión de robo. Su cómplice recibió 23 años de condena. Cuando en las audiencias se leyeron las condiciones personales de los acusados, quedó en evidencia que los Grasso gozaban de un buen pasar económico.

El padre tuvo una larga trayectoria como odontólogo, lo que le permitió a la familia adquirir diferentes propiedades, además de la casa que habitaron en barrio General Paz. Entre las inversiones inmobiliarias, figuran distintos departamentos en el Centro de la ciudad.

Por ello, nunca escatimaron en gastos al momento de contratar abogados defensores para su hijo. Aunque jamás lograron revertir la sentencia.

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Grasso permaneció durante años en el pabellón de la cárcel de Bouwer reservado para policías, militares y empresarios, que, si bien se lo conoce como "el VIP" sin llegar a serlo, se trata de uno de los sitios más cómodos de toda la penitenciaría.

Sin embargo, cuando se agotaron todas las apelaciones y el fallo en su contra quedó firme, Grasso tuvo que ser trasladado, en 2015, a la cárcel de Cruz del Eje, donde son alojados los condenados.

A partir de entonces, sus abogados comenzaron a presentar diferentes recursos para lograr la prisión domiciliaria, aduciendo supuestas patologías.

El Juzgado de Ejecución Penal que le correspondía por esa jurisdicción nunca hizo caso a estas peticiones, pero Grasso logró revertir todo gracias a un cambio de cárcel que ahora genera más que suspicacias.

En septiembre de 2018, el Servicio Penitenciario de Córdoba, que estaba bajo el mando total de Juan María Bouvier, hoy preso acusado de haber generado un impresionante esquema de corrupción interno, decidió enviarlo a la penitenciaría de la ciudad de Río Cuarto, aduciendo que en Cruz del Eje Grasso era "estigmatizado" por haber asesinado a un niño.

Pese a que en su legajo como preso se leía que la conducta del reo era "pésima", que acumulaba 17 sanciones internas por faltas graves y medias, en aquel entonces el juez de Ejecución Penal de Río Cuarto, Gustavo Echenique Esteve, en enero de 2019, resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.

Para ello, el juez se valió de los informes de los peritos del Poder Judicial de Córdoba que indicaron que Grasso presentaba patologías psiquiátricas por su adicción a las drogas, lo que lo obliga a tomar una batería diaria de medicamentos, además de una afección cardíaca, que también debía ser monitoreada.

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Casualmente, la cárcel de Río Cuarto no tenía los medios suficientes para lograr un seguimiento médico adecuado. Para el juez, esta valoración médica pesó mucho más que los informes internos que alertaban sobre la peligrosidad del condenado.

Nueve meses después, retornó a prisión: lo acusaron de resistencia a la autoridad y amenazas, luego de que su madre y una exabogada, con la que había entablado una relación, lo denunciaran por violento.

En realidad, en julio de ese año atacó a su madre. Pasó un día internado en un neuropsiquiátrico y de manera extraña la Justicia decidió que regresara a la misma casa donde había golpeado a la mujer.

Dos meses después, y tras una nueva denuncia por violencia de género, fue detenido.

Pero Grasso lo hizo de nuevo. Lo trasladaron a Río Cuarto y otra vez quedó bajo la órbita del juez Ejecución Penal Echenique Esteve. Mientras tanto, iba cambiando de abogados.

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Fue bajo el patrocinio de Lautaro Andruet que en marzo de 2021 lo logró otra vez: pese a sus antecedentes, el mismo juez le dio la prisión domiciliaria.

El 3 de marzo de 2021, Grasso volvió a la ciudad de Córdoba, esta vez con una tobillera electrónica. Se instaló en el 3° B del edificio ubicado en Buenos Aires al 300, a sólo 200 metros de la plaza San Martín.

Desde marzo de 2021 hasta el 3 de julio último, Grasso gozó de una insólita prisión domiciliara. Se sospecha que en las redes sociales promocionaba su nuevo trabajo: reparaba armas de fuego. Un detenido con prisión domiciliaria, recibía armas de fuego de todo tipo para arreglarlas.

Los vecinos hoy cuentan que el departamento de Grasso se convirtió en un desfile de mujeres a las que él contrataba por servicios sexuales. El juez nunca puso reparos para restringir de alguna manera las visitas que Grasso podía recibir. 

En los registros oficiales consta que en estos cuatro años hubo 42 visitas del Patronato del Liberado. En 12 ocasiones, no lo encontraron. Nueve de estas últimas ocurrieron entre febrero y junio de este año. En el medio, fue denunciado dos veces: por amenazar a un vecino y por abusar de una joven en su propio departamento. Estas causas jamás se movieron a tiempo. 

Cansado de los múltiples reclamos de la Justicia, por haber violado las condiciones de encierro, el amigo que hacía las veces de tutor, terminó por renunciar a esa tarea. ¿Quién lo reemplazó? En mayo pasado asumió como responsable de velar por su encierro el portero del mismo edificio. Así de simple. 

Cuando la Justicia le requería explicaciones por salir sin permiso de su domicilio, el expolicía le acercaba un certificado de atención médica, pero odontológica. Una misma odontóloga firmaba todos los comprobantes.

Pero el expolicía tensó tanto la cuerda que al final el juez Facundo Moyano Centeno ordenó que volviera a prisión ante los reiterados incumplimientos. 

El pasado jueves 3 de julio, fue detenido y trasladado a Bouwer. Un día después, su hermano Jorge Javier Grasso, contrató a dos hombres que vivían en la calle para que fueran a limpiar el departamento que el expolicía acababa de dejar por la fuerza. Quería limpiarlo rápido para ponerlo en alquiler.

Cuando el viernes 4 los dos jóvenes contratados para limpiar ingresaron en ese departamento, se encontraron con una enorme cantidad de elementos sucios. 

Al comenzar a remover todo, llegaron hasta un pequeño placar de cemento, que estaba tapiado a medias. Apenas abrieron, se toparon con el espanto: un cadáver envuelto entre cubrecamas y atado con cable. Salieron de allí y denunciaron todo en la unidad judicial de calle Paraná.

Los antropólogos forenses lograron determinar que la víctima tenía entre 20 y 40 años, era mujer, de contextura menuda, con el pelo teñido y que llevaba más de seis meses muerta en ese lugar. A simple vista, no se logró establecer cómo murió. 

Pero estos datos despertaron la curiosidad de otra fiscal, Silvana Fernández, que era ajena a la causa. 

Ella tenía entre sus expedientes, una búsqueda que desde hacía tiempo no lograba respuestas: Milagros Micaela Basto (22), una joven mamá perdida por el pipazo, cuyo rastro se había perdido en el segundo semestre del año pasado. 

En silencio, la fiscalía buscó a su familia y llevó a su hijito, de 6 años, a sacarle material para cotejar el ADN. Este jueves, el equipo de genética forense confirmó la peor sospecha. 

Ante semejante novedad, que fue anticipada por Cadena 3, el fiscal que investiga el hallazgo del cadáver en el placar, José Bringas, imputó ahora al expolicía Horacio Grasso por homicidio agravado por ocurrir en un contexto de violencia de género. O sea, femicidio. Su hermano, Javier Grasso, fue acusado como partícipe necesario de encubrimiento agravado. Por ahora, la Policía no lo encuentra.

Perseguir la huella del prontuario de Grasso, que hoy tiene 55 años, significa adentrarse en los laberintos de la Policía de Córdoba y del Poder Judicial de la Provincia. Leer su legajo criminal y el derrotero de los distintos beneficios que fue recibiendo a lo largo de casi 20 años vuelve a poner una inmensa lupa sobre las decisiones judiciales, la presencia de potentes estudios jurídicos, la connivencia del Servicio Penitenciario, el rol de los peritos oficiales y los controles que se deben realizar a quienes gozan de las prisiones domiciliarias.