El testimonio clave que puso la lupa sobre las "presiones" de Sánchez Torres

La investigación contra el hombre fuerte de los Tribunales Federales de Córdoba, el juez Abel Sánchez Torres, hoy vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones, generó un terremoto interno.

Desde que a comienzos de abril los fiscales Maximiliano Hairabedian y Pablo Turano firmaron dos requerimientos para que el juez Alejandro Sánchez Freytes investigara a Sánchez Torres, a su pareja Graciela Montesi (presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones) y a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores, además de otra causa paralela para indagar sobre la evolución patrimonial de Sánchez Torres, ya nada volvió a ser igual en la sede judicial ubicada a metros del Parque Sarmiento, de la ciudad de Córdoba.

Se trata de la investigación que tiene a la cúpula de la Cámara Federal de Apelaciones bajo la lupa, sospechada de fraguar la integración de las salas para intervenir en determinadas causas.

Las máximas autoridades de la Justicia Federal de Córdoba fueron imputadas por haber, presuntamente, manipulado las integraciones de las sala A y B de la Cámara Federal de Apelaciones para intervenir en una causa por evasión tributaria contra gerentes de la cerealera Bunge.

La denuncia fue realizada por una secretaria, Celina Laje Anaya, que mencionó tanto las presuntas irregularidades en la conformación del tribunal como supuestos episodios de maltrato laboral del cual habría sido víctima.

Allí sostiene que los magistrados y secretarios habrían articulado movimientos internos para asignarse causas de “relevancia económica”.

La maniobra, siempre de acuerdo a la denuncia, habría consistido en alterar la integración de las salas, aprovechando la falta de dos jueces naturales en el tribunal y el sistema rotativo para el tercer voto, lo que facilitaría la intervención directa de los imputados en resoluciones de expedientes sensibles, especialmente del sector agroindustrial.

La acusación formal hacia los imputados incluye abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.

Los magistrados imputados debieron contratar abogados defensores y el juez Sánchez Freytes comenzó a avanzar con las indagatorias. Y, al mismo tiempo, llamó a los testigos, la gran mayoría de ellos empleados que aún dependen de los ahora imputados.

Hace pocos días, se conoció una derivación que volvió a encender la tensión al máximo. 

Tras la declaración del testigo Francisco Juárez Rouviere, secretario penal de la Cámara Federal de Apelaciones, quien dijo haber sufrido presiones por parte de Sánchez Torres antes de testificar en esta causa, los fiscales Hairabedian y Turano denunciaron “graves actos de presión, manipulación e interferencias indebidas desplegadas por el imputado Abel Sánchez Torres en el curso de este proceso”.

En el mismo escrito, los fiscales dejaron por escrito una salvedad que causó impresión: si no tuviera fueros, los fiscales hubieran pedido que Sánchez Torres quedara detenido por entorpecer la investigación.

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Una acusación que connota una gravedad institucional que ya nadie disimula en los Tribunales Federales.

La declaración de Juárez Rouviere quedó asentada en un escrito de 26 páginas. Se desarrolló durante casi cinco horas el pasado 30 de abril. Además del juez, estuvieron presente el fiscal Hairabedian, los defensores Carlos Nayi, Maximiliano García, Ivana Rossi (ambos con pasado reciente en el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad) y José Caferatta Nores, además del querellante Claudio Orosz.

Cuando en medio de la declaración le preguntaron a Juárez Rouviere si tenía miedo o si había sentido presiones en torno a su testimonio en esta causa, el testigo respondió que no se había sentido libre. 

Angustiado, pidió agua, mientras el fiscal le hacía conocer las previsiones de protección de los testigos que corresponden por ley.

“Ha recibido presiones concretamente del Dr. Sánchez, no de la Dra. Montesi ni de Mario Olmedo ni de Flores”, se lee en la trascripción de la declaración que quedó asentada en el expediente.

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El testigo denunció que Sánchez Torres le insistió para que firmara un certificado en el que se justificaba el apartamiento de la denunciante Laje Anaya de su cargo anterior, y que el día anterior a su declaración, el juez volvió a llamarlo para darle directivas sobre qué debía testificar en esta causa: “Ayer particularmente lo llamó y le dijo tu cargo ya está firme, ‘necesito que declares la verdad en cuanto a que yo nunca maltraté a nadie, que siempre los recibo juntos, que Celina no estaba en condiciones para el cargo. Que por eso se había generado un mal ambiente’”.

Agregó que luego de que se apartara el primer fiscal al que le tocó la causa, Carlos Casas Nóblega, habría recibido presiones por parte de Sánchez Torres para que le dijera al juez Facundo Zapiola que no debía avalar aquel apartamiento.

El testigo también dijo recordar que el juez ahora imputado se mostró exaltado cuando notificó a su defensor, Nayi, por una resolución de esta causa sin avisarle previamente a él.

“Se involucraba en los trámites de la causa tratando de dirigir el proceso cuando el juez a cargo era Zapiola”, agregó.

Luego de que finalmente Zapiola se apartara, y quedaran pocos jueces disponibles para intervenir, Juárez Rouviere contó que Sánchez Torres lo llamó para agregar a otros magistrados en el sorteo para integrar la nueva cámara que debía intervenir.

Antes, el testigo también había descripto a Sánchez Torres como “una persona muy autoritaria”: “No es violencia física, es un trato en tono elevado, presiones constantes, siempre muestra su autoridad sobre el resto, no con los pares, quiere manejar, digitar todo…”.

“En alguna ocasión –continuó- se ha enojado, pega con el puño en el escritorio, expresa algún insulto cuando uno no responde como lo espera, tiene una expresión de cabecera: ‘mis preguntas son claras exijo respuestas claras’, si uno no responde con la claridad que él espera se exalta, es una cuestión postular, se pone rojo, señala con el dedo, eleva el tono bastante…”.

Y recordó un episodio que Sánchez Torres habría tenido junto a otro de los imputados en esta causa, Mario Olmedo: “Tenían que elaborar un informe sobre el trámite de algunas causas, y no le gustó como estaba hecho el informe y les pidió que lo reelaboren ahí mismo en su despacho y también a los gritos, principalmente a Mario le dijo en ese momento textualmente ‘si te pido un informe me lo traes como te lo pido y si te pido una foto de tu hermana en bolas me traes una foto de tu hermana en bolas’”.

Antes de terminar el extenso testimonio, Juárez Rouviere dijo que creía que no era el único que se sentía así y que estimaba que varios no se habían animado a declarar en esta causa por ese mismo motivo.