El Gobierno de la Ciudad elimina la rúbrica de documentación laboral para simplificar trámites

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El Gobierno de la Ciudad ha decidido eliminar la obligatoriedad de rubricar la documentación laboral, una medida que responde a la modificación del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, introducida por la Ley 27.802 y reglamentada a través del Decreto 407/2026. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo por la simplificación administrativa, eliminando requisitos que ya no tienen respaldo legal y facilitando así un entorno más ágil para los empleadores, sin comprometer las herramientas de control y la protección de los derechos laborales.

La nueva resolución establece que, a partir del 1° de junio de 2026, se extingue la obligación de rubricar la documentación laboral ante la autoridad local y se derogan todas las resoluciones y disposiciones que regulaban dicho procedimiento. De este modo, el periodo correspondiente a mayo de 2026 será el último que estará sujeto al régimen que ahora queda sin efecto.

El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, subrayó que "esta decisión refleja el compromiso del Gobierno de la Ciudad con una administración moderna, eficiente y alineada con el marco normativo vigente". También afirmó que "eliminar trámites que ya no tienen sustento legal reduce costos, simplifica procesos y brinda mayor previsibilidad a quienes generan empleo".

En la misma línea, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, destacó que "siguiendo la decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de avanzar hacia un Estado más moderno y eficiente, esta adecuación normativa elimina trámites innecesarios sin afectar los controles".

Desde la Secretaría de Trabajo y Empleo resaltaron que esta medida no modifica las competencias de fiscalización, inspección y sanción establecidas por la Ley 265. La Ciudad seguirá supervisando el cumplimiento de la normativa laboral, así como las condiciones de salud, higiene y seguridad en los lugares de trabajo.

La resolución también asegura la seguridad jurídica para los empleadores al estipular que los trámites iniciados antes del 1° de junio de 2026 continuarán bajo las normativas vigentes al momento de su presentación. Asimismo, la Dirección General Relaciones del Trabajo será la encargada de determinar el tratamiento de las solicitudes pendientes y, cuando sea necesario, el reintegro de los aranceles pagados.

Por último, la resolución encomienda a la Dirección General Relaciones del Trabajo la adecuación de los sistemas informáticos y procedimientos administrativos para adaptar el funcionamiento del organismo al nuevo régimen, manteniendo únicamente aquellos trámites de rúbrica que provengan de leyes especiales que sigan siendo competencia de la autoridad laboral local.