El futuro de La Regina: ¿se ratificará la condena por matar 140 pingüinos?

Buenos Aires, 20 abril (NA) -- El Superior Tribunal de Chubut se reunirá mañana para determinar si se mantiene la condena contra Ricardo La Regina, el ganadero que en 2024 recibió una pena de cuatro años de prisión por daño ambiental agravado y crueldad animal, tras ser hallado culpable de la matanza de 140 nidos de pingüinos en Punta Tombo.

La audiencia está programada para este martes 21 de abril, y se lleva a cabo después de más de tres años de investigación, durante los cuales seis jueces han confirmado la condena en todos sus aspectos. La revisión del caso será liderada por la fiscal general jefa, Florencia Gómez, quien ha estado al frente de la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal.

El proceso judicial se basa en una exhaustiva investigación que ha permitido a los magistrados validar la solidez de las pruebas y la consistencia de la acusación, según un comunicado emitido por el MPF. Este caso destaca la muerte de más de un centenar de pingüinos y la destrucción de sus áreas de nidificación, resultado de actividades humanas ilegales en un área protegida, lo que motivó la condena por daño ambiental y crueldad animal.

Las autoridades consideran que esta causa es una de las más graves en términos de impacto ambiental judicializado en Argentina, no solo por la magnitud del daño ocasionado, sino también por la calidad de la investigación, que incluyó el uso de innovadoras herramientas como imágenes satelitales de la CONAE para reconstruir los hechos con precisión, según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

La decisión que tome el Superior Tribunal no solo se limitará a este caso específico, sino que también será crucial para establecer un criterio firme en la protección penal del medio ambiente y la fauna silvestre en Argentina, en un contexto donde los delitos ambientales cobran cada vez más relevancia.

En cuanto a la causa, se ha determinado que el productor ganadero utilizó una retroexcavadora para crear un camino paralelo a la costa sin la debida autorización, lo que afectó gravemente los nidos de los pingüinos durante su época de reproducción. Además, se le acusa de haber instalado un alambre electrificado, también sin permisos, que perjudicó el entorno de los pingüinos.

La fiscal Florencia Gómez destacó que la acción realizada con la retroexcavadora resultó en un desmonte de 2.049 metros cuadrados de flora y fauna, vegetación que pertenece al Estado y que, en algunas áreas, ha quedado irrecuperable. Esto afectó nidos, huevos y pichones de pingüinos en un momento crítico de su ciclo reproductivo.

La fiscal concluyó que "hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que se entiende que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico, que puso por encima del grave daño ambiental que ocasionó".