El ejército de mulas financieras de una banda de asaltantes

La investigación por un violento asalto sucedido semanas atrás en la ciudad de Córdoba derivó en varias dimensiones al mismo tiempo: la sospecha sobre una megaorganización que cometía varios robos planificados al detalle; la participación de policías en la banda; y una aceitada logística para vaciar en pocos minutos los home banking de las víctimas.

Este último punto, clave en todo el diagrama de la banda bajo investigación, volvió a dejar al descubierto el descontrol en torno a las billeteras virtuales y cómo este tipo de delincuentes se aprovechan de esta situación: un mercado cada vez más expandido de cuentas personales en el que los delincuentes “compran” estas cuentas “mulas”. 

En el ámbito financiero y del ciberdelito, se conoce como "pitufeo" a la técnica utilizada para ocultar el origen ilegal del dinero o fragmentar un botín grande mediante múltiples transacciones de menor valor, con un doble objetivo: evitar las alertas de fraude que tienen los bancos y las firmas financieras; y, sobre todo en este tipo de casos, entorpecer la investigación judicial.

El asalto que dio origen a esta investigación que lleva adelante la fiscalía a cargo de Juan Pablo Klinger ocurrió durante la madrugada del 20 de abril último en una vivienda de barrio Urca, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

Un grupo de delincuentes violentó una ventana, irrumpió en el domicilio y sorprendió mientras dormían a los integrantes de una familia.

Los asaltantes maniataron al matrimonio y a uno de sus hijos, de 13 años, al que despertaron encañonándolo con un arma de fuego. Durante más de una hora, golpearon a las víctimas y desvalijaron la propiedad. Y las obligaron a efectuar transferencias bancarias, con las que les vaciaron las cuentas.

El botín superó los 17 millones de pesos. Además, la banda se llevó las dos camionetas de la familia, varios electrodoméstico y una importantísima cantidad de indumentaria.

En un principio, la fiscalía avanzó en 11 detenciones, a las que luego se les agregaron cuatro acusados más, entre los que figuraron dos policías: Juan Pablo Páez y Franco Santiago Herrera Figueroa. 

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El procedimiento que derivó en las capturas de los uniformados incluyó un allanamiento en la base del Comando de Acción Preventiva (CAP) 19, que tiene a su cargo la cobertura de la zona de barrio San Roque.

Según pudo averiguar Cadena 3, los uniformados habrían ocupado un rol preponderante dentro de la estructura delictiva. La principal sospecha es que suministraban información sensible sobre los recorridos y horarios de los patrulleros.

Habrían monitoreado minuto a minuto los movimientos de otros móviles policiales para indicarles a los delincuentes cuándo podían ingresar a las viviendas y en qué momento debían retirarse.

De esa manera, se habrían asegurado de que las zonas permanecieran liberadas durante los asaltos, ya que además del caso de Urca, se sumó a la causa otro robo en el Centro y la sospecha de más casos en otros puntos de la Capital cordobesa.

Dentro de la logística de esta banda, en esta investigación, aún en curso, sobresale cómo los delincuentes actuaban en torno a las transferencias con billeteras virtuales.

La operativa contaba con una coordinación que habría estado centralizada en uno de los detenidos, Paulo Leonel Blázquez, quien actuaba como el nexo principal entre los autores materiales del asalto y los titulares de las cuentas receptoras encargados de fragmentar y dispersar el botín.

Aquella madrugada en barrio Urca, apenas despertaron a sus víctimas, los ladrones las obligaron a desbloquear sus teléfonos celulares. Y, de inmediato, comenzaron a vaciar sus billeteras virtuales.

El primer gran movimiento se registró entre las 5:27 y las 5:29 desde una cuenta del Banco Córdoba perteneciente a una de las víctimas, desde donde se desviaron 16 millones de pesos hacia una cuenta de otra financiera a nombre de Diego Jorge Beas. 

Minutos más tarde, la maniobra se repitió en otras billeteras virtuales: a las 5:46 se transfirió un millón de pesos desde la cuenta de un damnificado hacia Mauricio Javier Alejandro Núñez, un monto que fue duplicado casi de inmediato mediante la solicitud subrepticia de un préstamo preaprobado a nombre del propio titular afectado, sumando además una operación complementaria de 300 mil pesos desde otra billetera virtual.

Con el dinero concentrado en las cuentas de Beas y Núñez, la organización activó de forma inmediata un mecanismo de dispersión para dificultar el rastreo bancario y asegurar el éxito del desapoderamiento. 

A partir de las 6 de la mañana, comenzaron a fragmentar los fondos en sumas millonarias que fueron redirigidas en cascada hacia una multiplicidad de cuentas administradas por nuevos partícipes, entre los que se encontrarían, siempre de acuerdo a las imputaciones, Lautaro Ezequiel Pérez, Julio César Irusta, Víctor Hugo Radicci, Joaquín Leonel Garay Rivero y Sebastián Daniel Amaya. 

Los investigadores sospechan que esta red no se habría limitado a una simple "prestación" de nombres, sino que respondía a un acuerdo previo donde cada participante obtenía un rédito económico a cambio de facilitar el desvío y la posterior extracción material de los fondos. 

A algunos le pagaron 30 mil pesos para que les diera su cuenta, mientras que otras aseguraron haber recibido 100 mil pesos.

El análisis de los informes financieros aportados a la causa expuso un patrón revelador sobre el modus operandi de la banda: la gran mayoría de los implicados acumulaba una cantidad inusitada de billeteras virtuales a su nombre, muchos de los cuales ya registraban bloqueos previos por actividades sospechosas. 

Amaya figura como titular de 28 cuentas de las cuales 25 ya habían sido inhabilitadas; Pérez y Garay Rivero, en tanto, tienen 26 perfiles cada uno.

Además, en la causa surgió otro dato: los sospechosos habrían simulado desconocimientos de operaciones, con el objetivo de duplicar los saldos.

Para la instrucción, semejante nivel de exposición y reincidencia sólo se explica bajo la convicción de impunidad con la que operaban los involucrados, apostando a que el entramado digital evitaría cualquier tipo de sanción penal.