El calvario de Aralí: el espanto que se pudo haber evitado

El calvario de Aralí, la niña de 8 años que fue abusada y asesinada en Brinkmann, se pudo haber evitado. En el juicio que terminó la semana pasada con la prisión perpetua en contra de su madre, su padrastro y un amigo de este quedó una deuda pendiente: qué responsabilidad les cabe a los que pudieron haber advertido a tiempo el infierno que vivía Aralí pero no hicieron nada para evitarlo. 

En nuestro canal de You Tube, Juan Federico aborda, en una nueva entrega de Relatos del Crimen, la historia completa de un caso que aún estremece y que, sobre todo, genera fuertes interpelaciones a los organismos públicos que deben velar por nuestros niños.

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El jueves de la semana pasada, la Cámara del Crimen de la ciudad San Francisco condenó a prisión perpetua a Rocío Milagros Rauch, madre de Aralí Vivas; Ezequiel Matías Simeone, pareja de Rauch y padrastro de la niña; y a Cristian Hernán Varela, amigo de ambos, por los delitos vinculados al abuso sexual y el homicidio de la niña, de 8 años. 

El espanto ocurrió el 1° de noviembre de 2024, en una casa de Brinkmann, una población de poco más de 10 mil habitantes ubicada en el departamento San Justo, en el este de la provincia de Córdoba. Otra ciudad en la que la droga hace rato llegó para quedarse. 

Aquella mañana, los bomberos tuvieron que acudir a un domicilio de calle Caseros 857 ante un incendio desatado en la planta alta. Cuando lograron sofocar las llamas, descubrieron el cadáver de la niña, en una cama. 

Sin embargo, la autopsia revelaría la verdad de lo ocurrido. Aralí, de sólo 8 años, había sufrido abusos previos y le habían dado muerte a golpes, en la cabeza. En los pulmones no tenía monóxido de carbono: ya estaba muerta antes de que comenzara el incendio.

O sea, alguien había provocado el fuego para intentar ocultar el crimen.

El trabajo el perito forense Mario Vignolo, una eminencia nacional en la materia, terminó por ser clave. 

Con este dato, la fiscalía de Morteros avanzó en reconstruir toda la secuencia. Se determinó que aquella noche Varela había llegado en bicicleta a la casa de la familia de Aralí. Que se quedó hasta las 3.27 de la madrugada. Después, ya a la mañana se observó a Simeone saliendo llevando a los otros dos hermanitos de Aralí a una plazoleta. Tras ello, regresó solo y poco después, comenzó el incendio, minutos después de las 13, en la planta alta de la casa. 

El padrastro y su amigo terminaron detenidos apenas se conoció el resultado de la autopsia. Luego, se avanzó en la detención de la mamá. Ahora, los tres recibieron la pena máxima de la Justicia. 

Los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo 30 de este mes. No será un mero acto administrativo: los jueces explicarán por qué responsabilizaron a la mamá de Aralí pese a que ella, la noche del espanto, se encontraba en otra ciudad. 

Al finalizar el juicio, se la declaró partícipe necesaria del delito de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado y de homicidio triplemente calificado. La decisión fue adoptada por mayoría. En tanto, Simeone y Varela fueron declarados coautores responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado y homicidio triplemente calificado. A Simeone también se le atribuyó el delito de incendio. En ambos casos, la decisión fue unánime. 

Pero la causa lejos está de agotarse en los asesinos y sus cómplices. Aún en Brinkmann, dos años después, hay una serie de interrogantes respecto a la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en la revinculación familiar. 

Muchos están convencidos que todo se pudo evitar. Porque las alarmas sí habían sonado a tiempo. 

Es que sólo cuatro meses antes del crimen, el 3 de julio de 2024, la Senaf comunicó al juzgado de familia de Morteros, a cargo de Alejandrina Delfino, que toda la familia estaba lista para ser revinculada, permitiendo así el regreso de tres de los niños a un entorno familiar que presentaba serios riesgos. 

Aralí no había sido motivo de esa intervención de la Senaf, sino sus hermanos más chicos. No obstante, la decisión también la afectó, ya que su madre y su padrastro decidieron vivir todos juntos. 

El padrastro, Matías Ezequiel Simeone, estaba condenado por otra causa por amenazas y violencia de género, sólo un año antes, pero permanecía en libertad condicional. Los jueces sostenían que se portaba bien. 

Rocío Milagros Rauch, la mamá, presentaba serios problemas de adicciones. 

A pesar de estas circunstancias, la jueza Delfino determinó en agosto que los niños podían vivir nuevamente con la madre y su pareja. 

Los informes de la Senaf indicaban que ambos habían realizado tratamientos que los hacían "aptos" para la convivencia familiar. 

El diagnóstico de la Senaf, que se menciona en el expediente del juzgado, señalaba que la madre había superado sus problemas de adicción y que el padrastro había completado un tratamiento psicológico. 

No obstante, en el pueblo los vecinos contaban otra realidad, muy distintas a la que vio la Senaf. Familiares, vecinos y allegados denunciaron públicamente que la situación de vulnerabilidad y el contexto de desprotección que sufría Aralí eran de amplio conocimiento en la comunidad.

Incluso, mientras se desarrollaba el juicio, avanzaron en una hipótesis tremenda: su madre y el padrastro dejaban que otros adultos ingresaran a la casa para abusar de la niña, a cambio de drogas. 

Las tres condenas a prisiones perpetuas, sostiene hoy la familia de la niña, es sólo la punta de un reclamo más profundo, que aún no tuvo su derivación judicial: qué va a pasar con quienes no vieron a tiempo el calvario de Aralí.