Dos médicos acusados de robar equipos neonatales en Salta

Buenos Aires, 7 de julio (NA) – Dos médicos han sido acusados formalmente en el marco de la investigación por el robo de equipamiento neonatal del Hospital Público Materno Infantil de Salta. Esta aparatología fue hallada en una empresa privada de neonatología en la que ambos eran socios.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, presentó ante la Oficina Judicial la acusación contra Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa por el delito de peculado, mientras que solicitó el sobreseimiento de otros dos imputados.

Según la hipótesis de la fiscalía, los acusados, en su calidad de médicos del servicio de Neonatología del hospital, habrían aprovechado su acceso al equipamiento médico estatal para "sustraer bienes públicos que se encontraban bajo custodia del hospital y transferirlos a su empresa privada, generando un beneficio económico."

En la misma presentación, se solicitó el sobreseimiento de las otras dos personas imputadas, concluyendo que no participaron del hecho investigado.

La causa se inició tras una denuncia presentada por el director general del hospital, luego de que una inspección del Ministerio de Salud provincial detectara la posible "presencia de equipamiento perteneciente al nosocomio en el servicio de Neonatología de una clínica privada."

Como resultado de esta denuncia, el Ministerio Público Fiscal llevó a cabo numerosas medidas investigativas, que incluyeron el relevamiento de documentación, declaraciones testimoniales, inspecciones y el secuestro de los equipos, que fueron restituidos al hospital.

La inspección confirmó la presencia de seis equipos médicos con números de serie que coincidían con los informados por el hospital, en la terapia neonatal Neofénix, ubicada en el segundo piso de una clínica privada en la calle Alvarado 858, Salta.

En sus fundamentos, la fiscal argumentó que la conducta de los acusados "habría afectado no solo el patrimonio de la administración pública, sino también su correcto funcionamiento," además de vulnerar los deberes de fidelidad, probidad y transparencia que deben observar los funcionarios públicos.