Doce condenas a perpetua para la banda de "Fran" Riquelme por crímenes en serie

El Tribunal integrado por los jueces Natalia Benvenuto, Ariel Rodríguez y Gustavo Pérez de Urrechu condenó este viernes a Francisco R. y a otros 14 acusados por integrar una organización criminal que protagonizó algunos de los episodios de violencia más graves registrados entre 2021 y 2023 en los barrios Empalme Graneros, Ludueña e Industrial de Rosario.

Tras un juicio oral que se extendió durante varios meses en el Centro de Justicia Penal, los magistrados impusieron doce penas de prisión perpetua y otras tres condenas de cumplimiento efectivo por delitos que incluyeron asociación ilícita, homicidios agravados, amenazas, extorsiones y balaceras.

La sentencia alcanzó al propio Francisco R., señalado por la Fiscalía como jefe de la organización, y a Fernando C., considerado su principal colaborador y quien asumió funciones de conducción cuando el líder quedó detenido. Ambos recibieron prisión perpetua como organizadores de una asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad y por distintos homicidios cometidos en el marco de la actividad de la banda.

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Los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Tassini sostuvieron durante el debate que la organización operó de manera permanente entre marzo de 2021 y junio de 2023, con una estructura jerárquica definida y roles específicos para cada integrante. Según la investigación, el grupo criminal se dedicó a cometer delitos contra las personas, la propiedad y la salud pública, en el contexto de una disputa territorial con una banda rival por el control de sectores estratégicos del noroeste rosarino.

La acusación describió a Francisco R. como el máximo responsable de la estructura, encargado de impartir órdenes incluso desde su lugar de detención. Fernando C., en tanto, quedó señalado como quien coordinaba las operaciones en territorio. Otros miembros tenían a su cargo la provisión de armas, la administración de puntos de venta de droga, la logística de los ataques y la ejecución material de homicidios y balaceras.

Entre los hechos más resonantes atribuidos a la organización figura el asesinato de Cristian Leonel Fernández, alias "Larva", ocurrido en abril de 2022 en la zona de Gorriti al 6200. Según la reconstrucción fiscal, un grupo de integrantes de la banda actuó de manera coordinada para interceptar y ejecutar a la víctima cuando se encontraba dentro de una camioneta.

También fueron juzgados el homicidio de Brian Ortigoza, cometido en febrero de 2022 por un menor de edad que actuó acompañado por Daniel M.G.; el crimen de Alejandro Ramírez, quien fue atraído mediante una falsa transacción para luego ser emboscado y asesinado en Empalme Graneros; y el femicidio de Ludmila Orellana, cometido en septiembre de 2022 tras una convocatoria telefónica realizada desde una unidad penitenciaria.

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La investigación además permitió reconstruir una serie de amenazas, extorsiones y ataques armados ordenados desde las cárceles de Piñero y Coronda. En uno de esos episodios, Héctor A. fue condenado por participar de una maniobra extorsiva en la que desconocidos balearon una vivienda y exigieron a la víctima el pago de un millón de pesos o la entrega de su propiedad.

Otro de los homicidios que derivó en condenas a prisión perpetua fue el de Juan Cruz Ferrari. Para los fiscales, el crimen fue planificado desde la cárcel por Francisco R. y ejecutado mediante una cadena de intermediarios que ofrecieron dinero y beneficios a cambio de concretar el asesinato. Ferrari fue engañado con una supuesta operación de compra de una motocicleta y atacado a tiros en abril de 2023. Murió semanas después producto de las heridas sufridas.

El fallo también alcanzó a Lemuel S., Daniel M.G., Lisandro O., César A.M., Marcelo C., Alexis A., Lucas R., Kevin S., Eric E. y Franco Matías A., todos condenados a prisión perpetua por distintos homicidios agravados y su participación en la asociación ilícita. En tanto, Héctor A. recibió cinco años de prisión efectiva, Mauro M. fue condenado a seis años y seis meses y Franco Darío A. a seis años de cárcel.

Con esta sentencia, la Justicia dio por acreditada la existencia de una organización criminal que durante más de dos años sostuvo una escalada de violencia armada en Rosario mediante homicidios por encargo, balaceras, amenazas y extorsiones, en muchos casos coordinadas desde establecimientos penitenciarios y ejecutadas por integrantes que respondían a una estructura con mandos y funciones claramente delimitadas.