Investigación de la Policía Federal
02/06/2025 | 13:55
Redacción Cadena 3
La investigación comenzó en abril de 2024, cuando los agentes, en medio de tareas preventivas, detectaron la venta de distintos productos de una reconocida empresa tecnológica a precios notablemente inferiores a los del mercado. Lo que llamó particularmente la atención de los agentes fue que estos productos carecían de la correspondiente facturación y que quienes los ofrecían no contaban con los respaldos necesarios para operar como importadores.
Como resultado de estas observaciones, se inició una investigación para desentrañar las maniobras detrás de la organización. Se constató la existencia de una estructura organizada que ingresaba artículos ilegalmente al país, los cuales luego eran vendidos en diversos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, utilizados como centros de acopio y distribución.
Un dato resaltante de la pesquisa fue que los pagos por celulares y accesorios se realizaban solo en efectivo, sin emisión de comprobantes, lo que hacía más difícil su rastreo. Para evadir la detección de las autoridades, el grupo implementaba maniobras como el cierre de cuentas y cambios de nombres en las plataformas de venta.
Con todas las pruebas recabadas, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, bajo la dirección de Pablo Yadarola, autorizó la ejecución de 15 allanamientos, de los cuales dos se llevaron a cabo en la Capital Federal y los restantes en localidades como Tigre, San Miguel, José León Suárez, Villa Ballester, Villa Bosch, Bella Vista, Ituzaingó y Salto.
Como resultado de dicha operación, se notificó a siete personas (cuatro hombres y tres mujeres) como integrantes de la estructura delictiva. Durante los procedimientos, realizados de manera simultánea con personal de la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA), se incautaron un total de 600 celulares, 2.400 fundas, 1.000 accesorios (cargadores, cables USB, auriculares, etc.), casi $8 millones en efectivo y alrededor de 4 mil dólares.
El valor total de lo incautado alcanza los $673 millones, lo que representa un golpe significativo al contrabando de tecnología en territorio nacional. Los acusados, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado por infringir el Código Aduanero.
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