El Zoo de Luján fue clausurado en septiembre de 2020.

Crueldad en Buenos Aires

Denunciaron al dueño del Zoo de Luján por maltrato animal

10/11/2021 | 17:01 | Un ex empleado relató que le ordenaban, entre otras cosas, matar a cachorros de tigres recién nacidos. Proteccionistas reclaman por el cierre del establecimiento.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó este miércoles una denuncia penal contra Jorge Alberto Semino, dueño del zoológico de Luján, por maltrato y crueldad hacia los animales, luego de que se conociera un informe televisivo en el que un ex empleado relató que le ordenaban, entre otras cosas, matar a cachorros de tigres recién nacidos.

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"Estamos presentando hoy una denuncia penal, la firmé, y vamos a avanzar en función del testimonio que sacó ayer Telefé Noticias", dijo esta mañana a Télam el defensor bonaerense, Guido Lorenzino.

La denuncia será radicada en la Fiscalía N°10 de Luján, que es la que interviene en una causa contra el establecimiento y está investigando al predio.

Lorenzino precisó que además pidió "medidas de prueba para que se inspeccione el Zoo y se determine si allí hay restos de animales enterrados, tal como se denuncia en el informe del noticiero".

De acuerdo al escrito al que tuvo acceso Télam, la denuncia refiere a la violación del artículo 3° de la Ley 14.346 que establece penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales, y se basa en los testimonios del informe emitido por el noticiero de Telefé.

Allí se dio cuenta de las condiciones de los animales que generaron la clausura del lugar el 14 de septiembre del año pasado por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación, la cual fue ratificada el pasado 3 de noviembre por la Cámara Federal de San Martín.

Un ex empleado llamado Christopher Rodríguez dijo a Telefé que trabajó desde los 14 años como cuidador en el Zoológico de Luján, desde 2011, y aseguró que el dueño del predio lo obligó en sucesivas ocasiones a matar a los cachorros de felinos recién nacidos a través de degüello, asfixia o ahogamiento.

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"En el informe se exhiben fotografías que prueban los dichos del Sr. Rodríguez que, luego de describir las tareas realizadas en su labor de cuidador, expresó las condiciones de hacinamiento en que se encontraban los felinos", sostiene la denuncia.

Además de relatar los métodos utilizados para exterminar a los cachorros, el ex empleado contó que los animales fueron enterrados en el predio.

"Estos sucesos, conforme emerge del relato de Rodríguez, podrían estar ocurriendo sin solución de continuidad al interior de las instalaciones", indica la denuncia y agrega que "los hechos relatados por Rodríguez se encontrarían alcanzados por los términos el artículo 3°, inciso 7° de la Ley 14.346".

La norma dispone que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.

Además, describe la conducta punible, merced a la categorización como actos de crueldad animal de las siguientes acciones: “Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por solo espíritu de perversidad”.

Tras la ratificación de la clausura del predio conocida la semana pasada, las autoridades del zoológico presentaron una propuesta del plan de reconversión, que es evaluada por la cartera ambiental.

La Defensoría bonaerense aboga por el cierre definitivo del zoológico desde hace años, por considerar que es "un modelo de negocio basado en un sistema de crueldad animal”.

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A ese reclamo se suma el de más de medio millón de personas que sumaron su firma a una petición creada en la plataforma de Change.org por la organización Red Animalista Argentina, que reclama el cierre definitivo del zoológico de Luján.

"La crueldad del cautiverio es bien sabida por todos. Los animales privados de su libertad padecen un sufrimiento cotidiano, constante, innecesario y absurdo. Queremos el cierre de todos los zoológicos de Argentina. Queremos que #CierrenZooLuján", sostienen los impulsores del reclamo, dirigido a autoridades nacionales, provinciales y municipales.

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