Crimen de Diego Fernández Lima: apelaciones tras el sobreseimiento de Cristian Graf

La querella y la fiscalía en el caso por el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente que fue asesinado en 1984 y cuyos huesos fueron hallados más de 40 años después en una casa de Coghlan, apelaron el sobreseimiento de Cristian Graf, el ex compañero de escuela que estaba acusado del delito de encubrimiento.

El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, apeló a último momento el sobreseimiento de Graf, el cual fue dictaminado por el Juez Alejandro Litvack. La misma resolución la realizó la querella, integrada por Javier Fernández Lima, hermano de la víctima.

Por el lado del representante del Ministerio Público Fiscal, López Perrando explicó que "el delito de encubrimiento es un delito autónomo" que debe analizarse "de forma separada".

"Entiendo que si bien resulta claro que el homicidio de Diego Fernández habría ocurrido hace más de 40 años, con todo lo que ello implica […] no es menos cierto que al no contarse con una imputación formal dirigida hacia un presunto autor, no resulta prudente considerar que la acción prescribió, ya que -por ejemplo- la comisión de nuevos hechos podrían interrumpir el plazo de dicha prescripción. De tal modo la falta de autor impide la declaración de prescripción que necesariamente debe formularse en concreto", señaló el fiscal.

López Perrando recordó que el hallazgo de los restos óseos se produjo el 20 de mayo de 2025 cuando un grupo de obreros levantaba una pared medianera en la casa de avenida Congreso 3748, lindera a la vivienda del acusado.

"En primer lugar, nadie de esa casa llamó a la Policía. El hallazgo no solo parecía no sorprenderlos, sino que era, más bien, el efecto de la mala fortuna", remarcó.

A su vez, expuso que "el nerviosismo indicado por los testigos y las manifestaciones vinculadas con la preservación de una planta del jardín, explican el conocimiento previo de la fosa por parte de Graf y su intención de que permaneciera oculta".

Luego, en su escrito, afirmó que, una vez encontrados los restos el 20 de mayo, "su preocupación se transformó en ocupación al exteriorizar su conducta encubridora".

El fiscal hizo hincapié en que, en este caso, el encubrimiento se dio en una acción continuada que, a lo sumo, recién cesó con el hallazgo de los restos el 20 de mayo y que, por ello, no se encuentra prescripto.

Por el lado de la querella, documento al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, manifestaron que se encuentran "frente a una persona que no recuerda nada. No recuerda la desaparición de mí hermano, no recuerda a sus compañeros de colegio, no recuerda el nombre del abogado que lo asesoró ni bien inició el presente caso; sin siquiera -pareciera-hacer un esfuerzo para recordar".

"No solo estos restos permitieron probar que mi hermano había recibido una herida corto punzante, sino que también vimos cómo los especialistas del Equipo de Antropología Forense nos explicaron que Diego había sufrido muchos cortes de manera que se podía concluir que se pretendió desmembrarlo, como así también describieron cómo es que se lo había ocultado todo este tiempo", señalaron.

En su escrito, expresaron el enojo por 41 años que no hubo novedades en la causa: "En nuestro caso, a lo largo de estos más de 40 años, los órganos del Estado no han profundizado, ni indagado mínimamente el contexto en el cual se produjo, primero la desaparición de Diego -que incluso le costó la vida a su padre -y ahora la confinación de su muerte violenta, con el enterramiento del cadáver en el jardín de uno de sus compañeros de escuela".

"No sabemos nada de la familia Graf, de sus antecedentes y del modo de vida de sus integrantes al momento de los hechos. Por ahora lo único que tenemos es una especie de amnesia del principal imputado, que no recuerda siquiera la desaparición de Diego, en cambio rememorada ampliamente por todos sus compañeros de grado", sumaron.

"Esta situación debe ser revertida y debe avanzarse en el esclarecimiento de la verdad de todo lo acontecido, pues en caso contrario quedará en evidencia la responsabilidad del Estado argentino en una flagrante violación de los derechos humanos de la familia Fernández Lima", concluyeron.