Controversia por traslado de Konstantin Rudnev a un hospital: denuncias de su esposa

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- La situación del ciudadano ruso Konstantin Rudnev, acusado de trata de personas en Bariloche, se complica tras la orden del juez federal de garantías Leandro Gómez Constén para su traslado y urgente internación en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta resolución, emitida el 13 de octubre, ha sido cuestionada por su esposa, Tamara Rudneva, y su abogado, Martín Luis Sarubbi, quienes argumentan que el procedimiento desestima las recomendaciones de los médicos tratantes sobre los riesgos asociados a movilizar al imputado en su actual estado de salud.

El juez fundamentó su decisión en un informe del Cuerpo Médico Forense del 8 de octubre, que determinó que Rudnev no está en condiciones físicas de permanecer en un establecimiento penitenciario.

Además, la junta médica concluyó que el domicilio de San Vicente, en Buenos Aires, donde el imputado está bajo arresto domiciliario, no es adecuado para su situación clínica. Por ello, recomendaron su internación en un hospital de alta complejidad para realizar estudios neurológicos, cardiovasculares y respiratorios.

"Nos preocupa profundamente que esta decisión se haya tomado a pedido de la Fiscalía, sin una discusión previa con la defensa y, a nuestro entender, sin considerar debidamente el estado actual de Konstantin ni las recomendaciones de sus médicos tratantes", manifestó Tamara Rudneva.

La esposa del imputado critica que una medida de tal importancia se adopte sin escuchar a su abogado, lo que considera una violación del principio de contradicción que debe regir el proceso.

La controversia enfrenta a la defensa con el Ministerio Público Fiscal, liderado por el fiscal federal Fernando Arrigo. La resolución del juez también incluye una presentación del fiscal Gustavo Révor, quien solicitó que se tomen las medidas necesarias para llevar a cabo el traslado a un hospital de alta complejidad. En su escrito, el fiscal argumentó que, para resguardar la salud de Rudnev, era necesario avanzar con una evaluación diagnóstica integral.

En contraposición, la defensa sostiene que el tribunal debería valorar especialmente los informes médicos recientes que desaconsejan cualquier desplazamiento y que sugieren que Rudnev continúe su tratamiento en la clínica privada donde ya fue atendido y operado.

"Ahora se están rechazando las presentaciones del abogado destinadas a impugnar esta decisión y suspender el traslado. Sin embargo, el neurólogo indicó expresamente que, en este momento, el traslado de Konstantin está contraindicado", afirmó Rudneva.

Según su relato, los profesionales que siguen la evolución clínica de su esposo consideran que movilizarlo podría empeorar sus síntomas. Además, sostienen que actualmente no hay necesidad de una internación urgente que justifique un traslado bajo las condiciones impuestas por el tribunal.

Sarubbi presentó un recurso ante la Oficina Judicial de General Roca para impugnar la decisión y pidió suspender el traslado hasta que la resolución sea firme. En su presentación, citó el artículo 347 del Código Procesal Penal Federal sobre el efecto suspensivo de los recursos.

También adjuntó documentación médica que, según su interpretación, evidencia riesgos concretos para la salud de Rudnev si se realiza el traslado. Uno de esos informes, fechado el 12 de octubre, describe un cuadro de extrema fragilidad clínica, con compromiso neurológico, funcional y cognitivo.

Este documento menciona antecedentes de problemas de columna, alteraciones cardiovasculares, neuropatías y severas dificultades para movilizarse sin ayuda. Advierte que los traslados podrían provocar episodios de dolor intenso y un agravamiento de su sintomatología, recomendando reposo y continuidad del tratamiento bajo supervisión médica.

"Mientras tanto, Konstantin recibe seguimiento médico permanente en su domicilio: los médicos vienen prácticamente día por medio. Ya estuvo internado en tres ocasiones para realizarse estudios y recibir tratamiento", explicó Rudneva.

La familia no se opone a nuevas evaluaciones ni tratamientos necesarios, pero exige que se organicen de manera que se respeten las indicaciones de los especialistas. Rudnev ha sido sometido a tres intervenciones quirúrgicas durante 2026 y aún enfrenta limitaciones físicas que dificultan su traslado y recuperación.

Otro aspecto importante del conflicto es la negativa judicial para autorizar que los estudios y tratamientos se realicen en una clínica privada donde Rudnev ya ha sido atendido. En el expediente se menciona la Clínica Monte Grande, donde fue operado y donde se conserva su historia clínica.

La defensa argumenta que mantener la atención con los médicos que conocen su evolución reduciría riesgos y evitaría complicaciones derivadas de un traslado a otra institución.

"Nos resulta incomprensible que el juez no autorice su internación en la clínica privada donde ha sido atendido desde hace tiempo, donde se encuentra su historia clínica y trabajan sus médicos tratantes", expresó Rudneva.

La esposa del imputado reclama el derecho a elegir el establecimiento de salud y cuestiona por qué los estudios deben hacerse necesariamente en un hospital público.

El juez fundamentó su decisión en la recomendación del Cuerpo Médico Forense para que se recurra a un hospital público de alta complejidad y la necesidad de una evaluación interdisciplinaria.

Sin embargo, las actuaciones de la Policía Federal Argentina muestran dificultades para concretar la internación en el Hospital Fernández. El 14 de octubre, personal de la Delegación Unidad Operativa Federal Ezeiza consultó sobre la disponibilidad de camas y las condiciones para recibir al paciente, y desde el hospital informaron problemas de disponibilidad.

"Según la información que recibimos, el Hospital Fernández rechazó su ingreso por falta de camas y por no poder garantizar las condiciones necesarias para su atención. Tampoco tenemos confirmación de que otros hospitales públicos propuestos puedan ofrecer todos los recursos que necesita", indicó Rudneva.

La mujer expresó su preocupación por la incertidumbre que rodea el posible traslado y cuestionó que se pretenda movilizar a su esposo sin garantizar las condiciones hospitalarias que exige su estado clínico.

La resolución establece que el hospital deberá informar al tribunal, dentro de las 72 horas del ingreso, el plan diagnóstico y terapéutico, así como la evolución del paciente cada diez días y cualquier novedad relevante.

Durante el traslado y la internación, Rudnev permanecerá bajo custodia de la Policía Federal Argentina, con instrucciones para que la vigilancia no interfiera con la atención médica. Además, se contempla la asistencia de un intérprete de idioma ruso cuando sea necesario.

"Esto nos hace temer que pretendan mantener a Konstantin internado bajo custodia, durante un tiempo indefinido, con el argumento de que necesita más estudios", expresó Rudneva.

La esposa del imputado también se mostró inquieta por la obligación de informar al tribunal antes del alta y la falta de un plazo definido para la internación, lo que plantea dudas sobre la duración de la medida. La resolución aclara que el traslado hospitalario no modifica la medida de coerción vigente y que la situación de alojamiento del imputado se resolverá según lo que decida la Cámara Federal de Casación Penal.

El informe del Cuerpo Médico Forense es clave en esta controversia, ya que los especialistas describieron un síndrome neurológico con debilidad en las cuatro extremidades, alteraciones de la movilidad y posibles dificultades cardiorrespiratorias que requieren estudios complementarios, concluyendo que Rudnev no está en condiciones de permanecer en prisión. Mientras el juez interpretó esta recomendación como suficiente para ordenar la internación urgente, la defensa sostiene que deben priorizarse las indicaciones médicas recientes que desaconsejan su traslado.

"Tenemos la impresión de que podría existir un acuerdo indebido entre los fiscales y el juez, ya que la actuación del juez genera serias dudas sobre su imparcialidad: respalda sistemáticamente la posición de la Fiscalía y rechaza las impugnaciones y solicitudes de la defensa", concluyó Rudneva, quien solicitó que se examine la actuación del juez Gómez Constén y del Ministerio Público Fiscal.