Confirmaron la condena contra la exnovia de Marcelo Macarrón

La Cámara Federal de Casación confirmó las condenas dictadas contra los acusados de haber conformado una organización con base en la ciudad de Río Cuarto que utilizaba a indigentes para cometer diversos delitos tributarios.

Entre los acusados a los que se le confirmó la pena de prisión figura María Pía Cardoso, quien años atrás tuvo trascendencia mediática ya que fue pareja del médico traumatólogo Marcelo Macarrón, quien esta semana comenzó a ser juzgado en Río Cuarto por haber encargado el crimen de su mujer, Nora Dalmasso.

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La causa se originó con el escándalo en el banco Francés de Río Cuarto en noviembre de 2007 donde se detectó que la abogada Cardoso junto a otras personas engañaba a indigentes para inscrirlos fraudulentamente como monotributistas que luego eran usados para generar facturas falsas, según quedó asentado en la acusación que llegó a juicio y condenas.

En el expediente consta que tras los operativos en aquella sucursal bancaria, se descubrió que un grupo de personas encabezado por Cardoso "reclutaba bajo engaños y promesas de dinero a personas indigentes a quienes se inscribía en Afip como productores agropecuarios monotributistas".

La investigación dirigida por el Juzgado Federal de Río Cuarto, que contó con un trabajo clave de los especialistas de la Afip, terminó por desbaratar a la que se denominó "una compleja organización dedicada a la comisión de delitos fiscales mediante el blanqueo de operaciones marginales de compra y venta de granos".

¿De qué se trataba la maniobra? El circuito ilícito -siempre según la investigación- se iniciaba con la actividad de reclutadores quienes, mediante distintos artilugios, engañaban a personas de bajos recursos para inscribirlas como monotributistas. Durante el transcurso de la investigación se demostró que al menos 657 personas oriundas no sólo de Río Cuarto sino de diversas localidades de Córdoba y de otras provincias tales como Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán y Catamarca, fueron falsamente empadronadas ante Afip como productores rurales y fueron instadas a firmar documentación en blanco.

Las personas reclutadas eran inscriptas como monotributistas ya que este modo la organización criminal procuraba evitar las retenciones de Impuesto a las Ganancias y los controles dispuestos por Afip para la actividad de comercio de granos.

Abusando de la clave fiscal y los elementos firmados en blanco por los monotributistas, la asociación investigada generaba documentación apócrifa vinculada al comercio de granos (Cartas de Porte, liquidaciones de compra, órdenes de pago, cheques, etcétera) a nombre de los indigentes y luego utilizaba esos elementos para encubrir ventas marginales de granos.

De manera paralela, otros integrantes de la organización se dedicaban a comprar cereal “en negro” a productores interesados en obtener mayores ganancias, merced a evadir el pago de sus tributos. Esta operatoria, realizada por quienes informalmente son llamados “valijeros” se pagaba en efectivo y por valores inferiores a los precios de plaza.

La totalidad de las operaciones concretadas diariamente por los valijeros eran comunicadas al jefe de la organización, Atilio Omar Mengo, quien desde sus oficinas en el coqueto barrio Cerro de Las Rosas, de la ciudad de Córdoba, comercializaba con exportadores, industriales o grandes acopios, la totalidad de la producción comprada marginalmente como si fuera un volumen único, obteniendo de este modo mejores condiciones comerciales y mayores ganancias.

Las compras marginales de granos eran revestidas de documentación emitida a nombre de los falsos productores monotributistas, quienes aparecían vendiendo su producción a través de falsos acopios dispuestos y administrados por la organización ilícita. Las falsas empresas acopiadoras eran las firmas FLG Agropecuaria S.A., Soybeans S.A., Oro Verde S.R.L. y Cereales y Pasturas S.R.L., cuyo verdadero titular era Omar Atilio Mengo aunque formalmente sus integrantes y directivos eran prestanombres su confianza, a saber sus hijas, Luisina y Francina Mengo y sus empleados más fieles, Sergio Bertoni y Sebastián Barreiro, según se lee en la acusación.

Los falsos acopios eran sujetos inscriptos en IVA e Impuesto a las Ganancias, lo que aseguraba al siguiente eslabón de la cadena comercial (exportadores, acopios mayoristas o acopios industriales) los beneficios de cómputo de crédito fiscal y, en el caso de los exportadores, les habilitaba a solicitar reintegros de IVA.

A fin de simular el circuito financiero de la operatoria fingida, el grupo criminoso emitía cheques a nombre de los monotributistas, falsificaba su endoso y tras ello procuraba la conversión esos cartulares en dinero en efectivo (ya que la banda necesitaba contar con billetes para que los valijeros concreten nuevas compras en negro). En esta etapa intervenían otros miembros de la asociación que se ocupaban de dicha tarea ya sea colectando personas para que cobren por ventanilla los cheques que eran emitidos por montos inferiores a 50.000 pesos, realizando operaciones bursátiles en Sociedades Bolsa o canjeando los títulos en sociedades Mutuales bajo la apariencia de ayudas económicas (Estas modalidades de cobro procuraban todas evitar el pago del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios).

Al llegar la organización a juicio, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba impuso la pena de siete años de prisión e inhabilitación para ejercer el comercio de granos para Omar Atilio Mengo, por considerarlo jefe de la asociación ilícita fiscal investigada.

A su vez, se condenó como miembros de la organización a Francina Eveling Mengo (4 años de prisión), Luisina Sol Mengo (4 años de prisión), Sebastián Guillermo Barreiro (4 años de prisión), Sergio Raúl Bertoni (4 años de prisión).

Asimismo, se impuso condena a Eduardo Meta (4 años de prisión y 2 meses de prisión e inhabilitación para ejercer la actividad financiera), Leonardo Fabián Petiti (4 años de prisión e inhabilitación para ejercer la actividad financiera), Gabriel Alberto Ludueña (3 años de prisión y 8 meses de prisión), María Pía Cardoso (3 años y 8 meses de prisión), Vanesa Romina Moyano (3 años de prisión de prisión), Claudio Fabián Giles (3 años de prisión) y Hugo Alfredo Agüero (3 años de prisión de prisión), todos en calidad de partícipes necesarios.

Las penas estuvieron de acuerdo al pedido que habían realizado el fiscal y los abogados de la Afip durante los alegatos.

Tras la sentencia que se dictó en 2020, las defensas apelaron. Este jueves, Casación confirmó casi por completo todas las condenas y sólo hizo lugar al recurso de las defensas de Luisina y Francina Mengo ordenando que  se revise la cuantía de la pena impuesta.

De esta manera, los acusados quedaron a la puerta de tener que comenzar a cumplir de manera efectiva las penas a casi 15 años de haber comenzado la investigación.

La relación entre Macarrón y Cardoso se hizo pública a fines de 2007, a poco más de un año del crimen de Nora Dalmasso. A mediados de 2008, la abogada quedó detenida durante unos meses, ya que fue acusada de haber golpeado a un indigente en la fila del banco cuando se desató el escándalo que terminó en su condena. Tras esa estadía en prisión, que duró tres meses, la pareja se diluyó. En aquel juicio por las supuestas lesiones, Cardoso terminaría absuelta. Sin embargo, en la causa principal no tuvo la misma suerte: la condena en primera instancia acaba de ser ratificada.

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