Condenan a siete gendarmes involucrados en una red narcocriminal en Salta

Salta, 12 junio (NA) -- El Tribunal Oral Federal Número 2 de Salta emitió condenas de entre tres y 15 años de prisión a siete gendarmes que formaban parte de una organización dedicada al narcotráfico. Esta banda, que incluía a gendarmes en actividad, exonerados y aspirantes, fue desarticulada tras dos operativos realizados en 2024, donde se incautaron 334 kilos de cocaína.

La investigación fue liderada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien trabaja en el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta. El tribunal, presidido por la jueza Gabriela Catalano y compuesto por los jueces Domingo Batule y Diego Matteucci, también determinó el decomiso de una vivienda en Orán y de tres camionetas utilizadas para llevar a cabo las actividades delictivas.

Durante la audiencia, se anunciaron las penas: Richar Ariel Delgado, un gendarme exonerado, y Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza, un finquero de Orán, fueron condenados a 15 años de prisión como coautores del delito de transporte de estupefacientes, agravado por la participación organizada de tres o más personas, en dos casos. Por el mismo delito, Jonathan Leonel Ostapowicz, un comerciante de Posadas, recibió una pena de 14 años.

Asimismo, Adrián Emilio Escarlata, también exonerado de la Gendarmería, fue condenado a 12 años de prisión por su involucramiento en uno de los transportes. Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad en la Gendarmería, recibió una condena de nueve años por su rol en la misma organización, siendo también hermano de Richar Delgado.

Los condenados Federico Rubén Batista, un gendarme activo, y Francisco Agustín Flores, aspirante a la fuerza, fueron sentenciados a tres años de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios. La investigación comenzó tras un procedimiento de flagrancia y reveló una red con una estructura logística compleja, compuesta por gendarmes y civiles.

El primer hecho se llevó a cabo en mayo de 2024 en General Pizarro, mientras que el segundo ocurrió en octubre en Rosario de la Frontera, según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas a través del Ministerio Público Fiscal.

Al fundamentar las penas, la jueza Gabriela Catalano subrayó la magnitud de la operación y la cantidad de droga involucrada. "Si esa droga hubiera llegado a destino, podría haber afectado a más de dos millones de personas", expresó, refiriéndose a los análisis que indicaron un promedio de producción de más de 2.700.000 dosis con una pureza del 84 por ciento. "La salud pública es la salud de la sociedad entera; cada dosis afecta no solo al adicto, sino también a su familia y a toda la comunidad", concluyó.