Con un fuerte llamado de atención, cierran la causa contra el fiscal Adjunto

Porque prometió que no lo volverá a hacer. De esta manera, se puede sintetizar el archivo que el Tribunal de Ética de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Córdoba dispuso en las últimas horas en torno a la grave denuncia que dos fiscales, Enrique Gavier y Juan Pablo Klinger, habían presentado en contra del fiscal Adjunto Alejandro Pérez Moreno.

Se trata de un caso que sacudió a los Tribunales (y a la política) de Córdoba, luego de que en julio se conociera un video en el que Pérez Moreno, al hablar en frente de un curso de posgrado, se despachaba en contra de la utilización de figura de la asociación ilícita y de las aplicaciones de las prisiones preventivas en la provincia.

Todo ocurrió el 12 de junio pasado, en el marco de un curso organizado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn) en conjunto con la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Uiversidad Nacional de Córdoba.

En el ciclo de conferencias, a los que son invitados magistrados de la Justicia Provincial y Federal, Pérez Moreno se manifestó de manera crítica a la aplicación extendida de la figura de asociación ilícita.

En su exposición, el funcionario criticó con tono sarcástico la aplicación de la figura de asociación ilícita, afirmando que en Córdoba se ha “desnaturalizado” su uso, al punto de convertirse en una “broma” entre colegas.

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“Vemos a tres abogados y decimos ‘che, asociación ilícita’”, ironizó, para luego cuestionar su empleo en casos de robos menores, como los cometidos por “diez muchachitos que roban en moto”. En realidad, se trata de una causa compleja, en la que el fiscal Klinger lejos de quedarse con la parte superficial del delito fue a buscar los tentáculos invisibles de toda la cadena.

Pérez Moreno sugirió que esta calificación se utiliza como un medio para justificar prisiones preventivas y forzar acuerdos en juicios abreviados, recurriendo al polémico concepto de “derecho penal del enemigo”.

Al conocer esto, Klinger y Gavier presentaron sendas notas ante la Fiscalía General, el Tribunal de Ética y el Tribunal Superior de Justicia, exigiendo una investigación sobre la conducta del funcionario.

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En los escritos presentados, invocaron el artículo 3.3 del Código Deontológico del Poder Judicial, que obliga a magistrados y funcionarios a denunciar cualquier intromisión, presión o amenaza que pueda alterar el normal funcionamiento del sistema judicial.

Según los denunciantes, las afirmaciones de Pérez Moreno constituyeron una “conducta reprochable” de “gravedad institucional apreciable”, al cuestionar públicamente el uso de la figura de asociación ilícita en investigaciones penales, particularmente en un caso de trascendencia pública dirigido por Klinger contra una aceitada banda de motochorros.

Los fiscales consideraron que las expresiones del Fiscal Adjunto implicaban una injerencia indebida que compromete la independencia judicial y el desempeño funcional del Ministerio Público Fiscal.

Los fiscales denunciantes sostuvieron que estas declaraciones no solo atentaban contra su labor, sino que también socavaban la credibilidad del Ministerio Público Fiscal.

En particular, resaltaron la gravedad de que Pérez Moreno, desde su alta posición jerárquica, haya hecho un llamado público a “cambiar el tratamiento de la asociación ilícita en Córdoba”, lo que interpretaron como una presión explícita sobre los fiscales de instrucción.

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Además, criticaron la falta de prudencia del Fiscal Adjunto, quien intentó desvincularse de su cargo al decir “olvídense de que me presentaron como Fiscal Adjunto, yo soy el Ale Pérez Moreno”, una actitud que, según los denunciantes, viola el artículo 4.3 del Código de Ética, que exige actuar con la responsabilidad inherente al cargo.

Otro aspecto que agrava el caso es el reciente pasado de Pérez Moreno como abogado defensor de imputados por asociación ilícita, incluyendo figuras de peso como Juan María Bouvier, exjefe del Servicio Penitenciario, y Guillermo Aldo Marcón, vinculado a fraudes procesales en la “megacausa de la industria del juicio”.

Los fiscales sugirieron una “desconexión con la realidad delictiva” que enfrenta Córdoba, donde la criminalidad organizada es un problema acuciante.

Pérez Moreno, en tanto, evitó cualquier referencia pública en torno al escándalo que se desató.

Ahora, el Tribunal de Ética de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Córdoba resolvió, con la firma del exvocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Armando Andruet, archivar la denuncia contra Pérez Moreno, aunque en un escrito de 19 páginas dejó en claro que se reprochaba los dichos del fiscal Adjunto.

En su momento, incluso el propio Fiscal General, Juan Manuel Delgado, había desacreditado lo expuesto por Pérez Moreno, al remarcar que de ninguna manera representaba el cuerpo del organismo que preside.

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Al archivar la denuncia de Klinger y Gavier, Andruet indicó que pudo existir una "cierta ignorancia" de Pérez Moreno respecto al tema del compromiso ético de la magistratura, atento a que durante décadas ejerció como abogado penalista y recién lleva pocos meses en su nuevo cargo público.

En la entrevista que mantuvo con el Tribunal de Ética, Pérez Moreno se comprometió a "no volver a incurrir con el mismo tropiezo", y atento a la "dimensión pedagógica" del Tribunal, se dispuso no avanzar en una sanción.

Incluso, se dejó constancia de que, en su exposición, Pérez Moreno dijo que creía haber hablado durante el curso como docente y no como fiscal Adjunto (pese a que tampoco figuraba como docente en ese curso), y que no esperaba de que sus manifestaciones se hubiesen interpretado como una "bajada de línea" al interior del Ministerio Público Fiscal.

Al respecto, dijo haberse sentido afectado, tanto él como su familia, por la divulgación periodística del fuerte reproche que se le estaba haciendo, pese a lo cual optó por no responder.

Ante todo esto, Andruet dejó en claro que ningún funcionario puede desconocer el cargo que ostenta al momento de hablar en público, cualquiera sea el motivo: "Corresponde entonces también, en orden a la función preventiva que compete a este Tribunal de Ética Judicial, que todos quienes ocupan cargos judiciales, especialmente los de mayor relevancia pública, posean la rectitud de la discreción en sus expresiones, y con mayor celo aún, cuando involucren cuestiones de carácter institucional, deben evitarse expresiones que puedan llevar a un equívoco en la auténtica compresión de lo que se está considerando".