Cómo operaban los "reclutadores" de tarjetas de débito y DNI

Tres son gestores, uno es abogado, también hay peluqueros, pintores, carpinteros, playeros y mozos. Son 12 en total, varones y mujeres. Ahora, el fiscal de Cibercrimen de Córdoba, Franco Pilnik, acaba de elevar la causa contra todos ellos acusados de robar datos de tarjetas de débito y crédito, además de los números de los documentos de identidad, con un objetivo en común: pagar de manera fraudulenta servicios públicos y otros gastos.

De acuerdo a la investigación, César Rubén Martín (52, gestor), Karina Elizabeth Moro (49, gestora) y Lucas Gastón Romero (41, mozo) conformaron una banda delictiva "destinada a concretar una pluralidad indeterminada de fraudes, principalmente mediante el uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito o débito".

"Esos datos eran utilizados para realizar pagos online, primordialmente de servicios, impuestos y multas a favor de terceras personas interesadas en cancelar las deudas que mantuvieran con cada uno de los organismos, por un monto considerablemente inferior al valor real de las mismas", se lee en la acusación judicial.

En el expediente se indica que en diferentes momentos, y hasta el 22 de octubre de 2020, fueron sumando a otras personas, "quienes, coincidiendo intencionalmente con el resto de los imputados sobre los objetivos ilícitos que se proponían, tomaron parte en la asociación ilícita para cumplir con diversos roles y funciones".

Los acusados que ahora irán a juicio son: Adrián Jorge Omar Aguirre, Mariana Alejandra del Valle Brochero, Facundo Buteler Turrado, Alan Leonel Correa Tolosa, Leonardo Nahuel Díaz, Marcelo Joaquín García, Cristian Alejandro González, Juan José Maizón, César Rubén Martín, Karina Elizabeth Moro, Luis Alberto Ojeda y Lucas Gastón Romero.

"Dentro de la división de tareas asumidas, Juan José Maizón, Cristian Alejandro González y otras personas no identificadas hasta la fecha, se encargaban de proporcionar, a cambio de un precio en dinero, datos de tarjetas de crédito y débito, obtenidos sin el conocimiento ni autorización de sus titulares, y Leonardo Nahuel Díaz entregaba dinero a quienes proporcionaban datos de tarjetas de crédito, entre otras tareas encomendadas por César Rubén Martín. Esos datos eran recabados por los nombrados en los establecimientos comerciales donde cumplían tareas laborales", se describe en la acusación.

Siempre de acuerdo a la investigación judicial, "Marcelo Joaquín García, Luis Alberto Ojeda, Alan Leonel Correa Tolosa y Facundo Buteler Turrado se ocupaban de ubicar a personas interesadas en abonar servicios, impuestos y/o multas, a un costo inferior al valor real de lo debido. César Rubén Martín, como jefe de la banda, se encargaba de concentrar toda la información respecto de los datos de tarjetas de crédito y débito que le eran suministrados, así como los de clientes interesados en pagar deudas. Con ello, presumiblemente con otras personas, se encargaba de concretar pagos online en diversas plataformas y páginas de servicios e impuestos, a favor de esos terceros beneficiarios". 

Impuestos, multas de la Policía Caminera, el abono del teléfono celular, la factura de Epec, el servicio del agua potable, el importe mensual de Ecogas, el cable, la cuota de un 0 kilómetro y la tarjeta de crédito figuran entre los diversos pagos realizados de manera fraudulenta, de acuerdo a lo que se ha investigado hasta ahora. 

En total, hay al menos 27 víctimas de esta maniobra. Veintisiete personas que utilizaron sus tarjetas de débito o crédito en algún comercio, las perdieron de vista en un momento y fue entonces que quien las estaba atendiendo aprovechó para fotografiar los plásticos de ambos lados, al igual que el DNI de su titular. En sólo segundos, la banda se hacía de estos datos con los que luego pagaba diversas facturas de terceras personas a través de plataformas online. 

Para que quede claro: la banda jamás robaba las tarjetas físicas, sino que sólo le bastaba con fotografiarlas para luego devolverlas a sus dueños, que jamás imaginaban que sus datos ya estaban viajando de un teléfono celular a otro. La víctima recién se daba cuenta de que algo no andaba bien cuando revisaba sus consumos en el home banking o a través de algún resumen y se percataban de que figuraban pagos que jamás había realizado. 

Cuando desconocían estos gastos ante el banco, comenzaba a gestionarse una causa judicial que mes a mes fue ampliándose cada vez más.

Si bien en cada uno de los gastos figuraba a nombre de quién estaba la factura o servicio abonado de manera fraudulenta, los investigadores de Cibercrimen pronto se dieron cuenta de que no eran estas personas los organizadores de la maniobra, sino que a través de ellas iban a poder llegar a los verdaderos mentores de este delito.

La investigación nació en abril de 2020 y finalizó un año y medio después. En el expediente, abundan las intervenciones telefónicas a los sospechosos. Por ejemplo, Romero, en un diálogo con una mujer, describe la maniobra: "Pagas una boleta ponele de cuatro lucas, cinco lucas, vos acordate que yo cobro de esas cuatro lucas cobramos dos mil, el 50 por ciento, vos calcula que yo te pago la tarjeta a vos 800 no me queda ni bosta para mí, somos tres nosotros para dividir”.

El boca en boca le funcionó muy bien a los estafadores, según se presume en la causa. En una conversación, Martín se jacta de tener "mucho trabajo": “Está dejando entre cinco, seis, siete palos por día…hay una semana que no haces nada, pero la otra agarraste cinco o seis Naranjas para pagar de treinta y ochenta lucas y te queda un montón de plata…anoche nos hartaron pasándonos pagos casi de seiscientos lucas y no tengo tarjetas no doy abasto”

En ese sentido, el fiscal explicó: "En un comienzo, por cada dato de tarjeta de crédito y débito, los nombrados abonaban a los proveedores, la suma aproximada de entre 800 y 500 pesos respectivamente. Quien aportaba la boleta a abonar, le correspondía un porcentaje de entre el 10 por ciento y 20 por ciento del monto de la boleta. Es por ello que preferían realizar pagos 'grandes', ya que la suma de dinero obtenida debía ser mayor al precio que se pagaba por las tarjetas utilizadas para concretar esos pagos, y además luego debía ser dividido al menos en tres partes (en referencias a los presuntos líderes de la banda)".

La situación de cada uno de estos "clientes" aún no está clara: si se contactaron con la banda sabiendo que todo se trataba de un delito o si estas personas le dieron el monto total a los gestores para que ellos le abonaran los servicios y las facturas, siendo también engañados.

Ahora bien, ¿cómo se puede prevenir de caer en estas redes? Por un lado, jamás se debe perder de vista la tarjeta de crédito, débito y el DNI cuando se abona en cualquier comercio. De esta manera, el titular se asegura que nadie les saque fotos a escondidas. Y en cuando a quienes abonan esta clase de "servicios", deben saber que nunca van a poder pagar con descuentos a través de terceros: o son engañados o son cómplices del engaño.