Ciberdelincuentes vacían cuenta tras reclamo virtual y el banco debe indemnizar a la víctima

Buenos Aires, 17 de octubre (NA) - La Justicia ha confirmado una condena contra el Banco Provincia y ordenó indemnizar con $5 millones a una mujer de 40 años oriunda de La Plata, quien sufrió una ciberestafa tras realizar un reclamo por facturación en redes sociales. Durante este proceso, fue contactada por delincuentes que lograron vaciar sus cuentas bancarias.

Según el fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata ratificó una sentencia que fijó $3 millones por daño moral y $2 millones por daño punitivo, además de la restitución de los US$ 1.661 que fueron sustraídos, con un interés anual del 6%.

El fallo desestimó la apelación de la entidad, al considerar insuficientes sus mecanismos de seguridad y monitoreo ante operaciones sospechosas.

Los montos de la indemnización se justifican: los $3 millones por daño moral se fundamentaron en la pérdida de ahorros y más de tres años de reclamos; los $2 millones de daño punitivo, por el incumplimiento de las obligaciones de seguridad y la respuesta posterior del banco.

El incidente tuvo lugar el 9 de noviembre de 2022, cuando la víctima intentó resolver un problema de facturación con una empresa telefónica y fue redirigida desde WhatsApp a un supuesto canal de atención en Twitter. Allí, los estafadores le indicaron que debía activar el débito automático a través del token de seguridad de su cuenta bancaria.

Convencida de que estaba realizando un trámite legítimo, la mujer proporcionó sus credenciales de home banking y los códigos de seguridad en dos ocasiones. Los delincuentes utilizaron esta información para vender los dólares que tenía ahorrados y transferir el dinero a cuentas de terceros, además de registrar movimientos por $278.500.

La damnificada se dio cuenta de las operaciones que se estaban realizando desde las 10.07 y contactó al banco a las 10.15, mientras aún se registraban movimientos. Sin embargo, debió recurrir a la Justicia para solicitar la restitución de los fondos. La justicia apuntó hacia el banco, indicando que una respuesta preventiva podría haber evitado o demorado las transferencias restantes.

Durante el proceso se estableció que las transacciones se realizaron en menos de 15 minutos desde una dirección IP ubicada en Córdoba y hacia cuentas de personas en esa provincia que no tenían operaciones previas con la cliente. La pericia informática también evidenció movimientos sucesivos sin alertas preventivas eficaces ni bloqueos.

Los camaristas consideraron que la entrega de claves bajo engaño no eximía al banco de su responsabilidad, ya que debía contar con herramientas para detectar operaciones inusuales y prevenir el fraude. También valoraron que la mujer había denunciado rápidamente lo ocurrido y que la entidad había rechazado su reclamo sin ofrecer explicaciones suficientes.

La resolución confirmó la sentencia de primera instancia del 30 de abril de 2026 e impuso las costas de la apelación al Banco Provincia, debido a que su sistema no identificó eficazmente operaciones sospechosas ni activó alertas preventivas; no hubo bloqueos ni demoras en las transferencias y los controles de acceso no permitieron identificar a la persona que operaba ni vincularla adecuadamente con las cuentas de destino.