Chubut prohíbe el uso de celulares en aulas de escuelas públicas y privadas

Buenos Aires, 5 de junio (NA) -- A través de una votación abrumadora, el pasado jueves se aprobó una ley que limita el uso de celulares en las aulas de instituciones educativas públicas y privadas en todos los niveles, desde Inicial hasta Secundario, en la provincia de Chubut.

La normativa establece que, en el nivel Secundario, los dispositivos solo podrán ser utilizados con fines pedagógicos, lo que implica que los docentes deberán planificar su uso previamente.

Se prevén excepciones para aquellos estudiantes que necesiten el teléfono por razones de salud o de aprendizaje. La propuesta, impulsada por Juan Pais, presidente del bloque Arriba Chubut, se basa en evidencia que indica que el uso de celulares en las aulas afecta negativamente el aprendizaje y la salud de los jóvenes.

"El uso de estos dispositivos móviles por parte de los niños en las aulas atenta contra el aprendizaje, contra la atención y contra el desarrollo cognitivo", advirtió Pais, quien subrayó que los cerebros de los estudiantes en las escuelas primarias y secundarias están en formación y desarrollo.

El funcionario también mencionó que la Sociedad Argentina de Pediatría ha expresado su preocupación, señalando que el uso excesivo de teléfonos móviles puede provocar alteraciones del sueño, problemas visuales, obesidad, ansiedad y depresión, una opinión respaldada por CONICET.

En este contexto, Pais recordó que en 2022, Argentina ocupó el primer lugar en distracción por el uso de dispositivos móviles, lo que contribuyó a que el 74% de los evaluados no lograra niveles básicos de conocimientos en matemáticas.

"Este proyecto de ley le devuelve al docente la autoridad, porque no se trata de una limitación estricta ni definitiva, sino que es el docente quien puede decidir cuándo se utilizan estos dispositivos exclusivamente con fines pedagógicos", explicó.

Finalmente, el legislador destacó que la restricción del uso de celulares en las aulas forma parte de una tendencia adoptada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocho provincias argentinas y varios países europeos como Dinamarca, Noruega, Francia y Países Bajos.