Investigación por efluentes
02/07/2025 | 12:45 | Se constató que una bomba instalada dentro del predio arrojaba residuos líquidos directamente al terreno natural.
La planta de agroquímicos Atanor, situada en San Nicolás, se enfrenta a una nueva investigación judicial debido a un vertido no autorizado de efluentes industriales. Se descubrió que esto podría haber sido realizado mediante una conexión clandestina en un sector cercano a la barranca del río Paraná.
La revisión se llevó a cabo el 9 de junio por agentes de la Autoridad del Agua (ADA), que forma parte del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. El informe oficial indicó que los inspectores confirmaron que una bomba ubicada en el predio estaba arrojando residuos líquidos directamente al terreno natural, lo que infringe las normativas ambientales actuales.
El descubrimiento fue presentado el 13 de junio en una audiencia judicial con la jueza Luciana Díaz Bancalari, quien decidió remitir la denuncia a la Fiscalía General y a la Fiscalía Federal para investigar la posible existencia de delitos penales. Asimismo, la jueza solicitó un nuevo informe técnico a la ADA para evaluar el impacto ambiental de la descarga.
Greenpeace alertó sobre la gravedad de la situación, destacando la cercanía del vertido al río Paraná. La especialista Agostina Rossi Serra expresó su preocupación, afirmando que la empresa “continúa con prácticas ilegales, ignora decisiones judiciales y pone en riesgo tanto al medio ambiente como a la salud pública”.
El abogado del Foro Medio Ambiental (Fomea), Fabián Maggi, calificó el incidente como “criminal” y presentó una medida cautelar solicitando la suspensión inmediata de la producción de efluentes líquidos y restricción del uso de fuentes de agua, sean subterráneas o del río.
Atanor ya había sido condenada en 2023 por contaminación ambiental, tras demostrar el vertido de sustancias tóxicas sin tratamiento al mismo cauce fluvial. En marzo de 2024, la planta sufrió la explosión de un reactor, lo que llevó a la evacuación de los vecinos y al cierre del predio, aunque la producción se reanudó en noviembre bajo condiciones estipuladas en un plan de gestión ambiental aprobado por las autoridades provinciales.
La continuidad de las operaciones industriales de Atanor podría verse amenazada por este nuevo incumplimiento, que cuestiona el respeto del acuerdo judicial que permitió su reapertura.