Al final, un quinto fiscal investigará el papelón policial en el motel

A más de un mes, uno de los operativos más insólito de los últimos tiempos en Córdoba continúa inmerso en un laberinto judicial.

El pasado miércoles 29 de octubre, una pareja que había reservado una habitación en el hotel alojamiento "Rutas", ubicado en la avenida La Voz del Interior, camino al aeropuerto de la ciudad de Córdoba, quedó a merced de un impresionante grupo de policías que irrumpieron allí con una premisa que era falsa.

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Cuando todo quedó aclarado de que se había tratado de un enorme papelón oficial, la parejita no se quedó de brazos cruzados. Se presentó en Tribunales y denunció que durante el procedimiento los policías habrían incurrido en toda clase de excesos. 

Amenazas, golpes, vejámenes, un auto roto y hasta un supuesto faltante de dinero fueron las enumeraciones que dejaron expuestas en la presentación judicial.

Sin embargo, durante semanas, esta denuncia se transformó en un ping pong que fue saltando de fiscalía en fiscalía.

La primera fiscal que intervino en todo el caso fue Jorgelina Gutiez, quien en realidad investigaba un asalto en barrio Argüello, episodio que derivó en la insólita intervención policial en el hotel alojamiento.

Para esta fiscalía, sólo quedó un trámite administrativo: archivar cualquier sospecha que pudiese vincular a la pareja con aquel robo.

Por esto, patrocinados por los abogados Cristian Ambrosio y María de los Ángeles Oviedo, la pareja objeto del operativo presentó la denuncia penal para que corriera de manera autónoma al expediente por el asalto.

La denuncia en contra de la Policía quedó radicado en un primer momento en la fiscalía de Distrito 1 Turno 4, a cargo de Ernesto de Aragón. 

Días después, el fiscal se apartó, al indicar que por "competencia territorial" la que debe investigar es la fiscalía de Distrito 3 Turno 5.

La fiscal Patricia García Ramírez recibió el expediente, pero de inmediato trazó las líneas de las jurisdicciones y planteó que el hotel alojamiento estaba ubicado en unos metros que eran competencia de otra fiscalía, la de Distrito 3 turno 4, a cargo de Claudia Palacios.

En medio de esta discusión, García Ramírez directamente se inhibió: planteó que en su momento, había dictado algunas directivas, por lo que no correspondía que ahora se abocara a la nueva denuncia.

Ante esto, mientras el expediente iba y volvía y se analizaba el alcance exacto de cada jurisdicción, finalmente fue el fiscal General Juan Manuel Delgado el que tuvo que definir esta cuestión.

En ese sentido, el abogado Ambrosio confirmó que la Fiscalía General determinó que la denuncia no fuera investigada ni por García Ramírez ni por Palacios, sino que designó al fiscal Iván Rodríguez, quien finalmente quedó a cargo de esta causa que, aparentemente, se volvió espinoza en el interior de los Tribunales.

Rodríguez también forma parte del Distrito judicial 3, pero su área de competencia es, sobre todo, la zona de Alta Córdoba. No obstante, se valoró que ya investigó otras causas sensibles sobre supuesta brutalidad policial en distintos operativos.

Ambrosio agregó que, tras constituirse como querellante, la idea es ampliar el pedido de imputación de "lesiones leves" a "lesiones graves por el daño psicológico" de la pareja. 

En ese sentido, reiteró que van a insistir con que sean llamados a declarar tanto el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, como los principales jefes policiales que aquel día estuvieron en el hotel alojamiento, ya que quieren corroborar algunas manifestaciones que estos funcionarios realizaron ante la prensa en ese mismo lugar.

Los denunciantes aseguraron que los policías que irrumpieron en la habitación 18 del motel "Rutas" actuaron de manera prepotente, que fueron maltratados, golpeados y amenazados, pese a que no tenían nada que ver con un asalto ocurrido en barrio Argüello horas antes.

El operativo en el hotel trascendió las fronteras de Córdoba y se convirtió en noticia nacional, luego de que se descubriera que todo había sido un enorme malentendido después de que un empleado del motel creyera escuchar que en una habitación hablaban de "pistola" y de "robo".

Incluso, en un primer momento desde fuentes oficiales del aparato de Seguridad de Córdoba se habló de una supuesta toma de rehenes y de un "atrincheramiento", cuestiones que ya fueron descartadas por la Justicia.

"Nos constituimos como querellantes particulares y pedimos diferentes medidas de pruebas. Nuestra idea y de nuestros asistidos, es que con el avance de la investigación se lo cite al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y al jefe de Policía, que lo acompañó ese día, 29 de octubre, a los fines de que den sus versiones sobre lo que habría ocurrido en ese hotel", apuntó en un primer momento el abogado Ambrosio.

"Sería importante para que expliquen por qué se desplegó semejante operativo cuando, en realidad, con sólo observar las cámaras del hotel hubieran constatado que nuestros asistidos habían ingresado a las 4 de la mañana y no habían vuelto a salir, no hubiesen tomado las medidas de represión que tomaron", explicó el letrado.

Al constatar la hora, añadió, los policías se habrían dado cuenta de que era imposible de que hubiesen participado del robo en Argüello, que ocurrió alrededor de las 7 de aquel día.

Entre otros puntos, los abogados también plantean conocer si la Justicia ordenó allanar el motel, ya que de acuerdo a trascendidos no había ninguna orden judicial en ese sentido, aunque luego sí apareció una directiva para requisar el vehículo de la pareja.

Y, por último, indicaron que luego de que fuera retirada del hotel, la pareja permaneció cuatro horas en la unidad judicial, pese a que no había ninguna prueba en su contra.