Acusados de defraudación, detuvieron a los presidentes de dos colegios profesionales

La investigación penal que orbita en torno a la administración de la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y de la Construcción de la Provincia de Córdoba sumó un capítulo clave. 

En el marco de la causa, el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier ordenó la detención de cinco personas: Nicolás Luis Paulín (presidente del Colegio de Arquitectos), Inti Manuel Smith (Colegio de Ingenieros Especialistas), Luis Adán Calderón, Carmen Encarnación Rodríguez y Liliana Rosa Scaglia. Todos ellos se encuentran formalmente imputados por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta.

De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, la medida privativa de libertad se adoptó al constatar elementos que evidenciarían actos de entorpecimiento de la investigación, sumados al incumplimiento de las condiciones impuestas previamente para mantener la libertad de algunos de los sospechosos, configurando así un riesgo procesal que obligó a resguardar la pesquisa.

En la misma línea, la fiscalía ordenó la imputación de Pablo Antonio Calapiña por el presunto delito de encubrimiento.

Según se ha investigado hasta el momento, la hipótesis principal de la fiscalía indica que se habrían declarado presupuestos de obras de construcción inferiores a sus valores reales, lo que reducía de manera artificiosa los aportes obligatorios destinados a financiar el sistema previsional (jubilaciones y pensiones) de la Caja.

Además de la acusación de fraude, la fiscalía les atribuyó a los directivos y autoridades institucionales haber realizado maniobras de interferencia, incumplido restricciones procesales impuestas previamente y entorpecido el normal avance de la pesquisa judicial.

De manera paralela, la fiscalía resolvió intimar formalmente tanto a los colegios profesionales vinculados con la entidad como al Consejo de Control de Gestión de la Caja. La medida exige que se entregue toda la información requerida por el interventor judicial y, de manera categórica, prohíbe efectuar convocatorias a asambleas cuyo propósito sea modificar o revocar las decisiones adoptadas por el órgano de administración mientras subsistan la intervención y la pesquisa penal, todo ello bajo apercibimiento de ley.

Asimismo, se ratificó y amplió el radio de acción del contador Pablo Artino, autorizándolo a participar activamente en las sesiones del Consejo de Control de Gestión, solicitar informes indispensables y acceder de forma continua a las sedes de los colegios profesionales. Estas facultades de auditoría contemplan la revisión —tanto en soporte papel como digital— de los registros de obras que determinan honorarios, el ingreso de nuevos proyectos y la potestad de entrevistar al personal administrativo encargado de tramitar dichos expedientes.