Abogado de la secta rusa denuncia espionaje en Bariloche

El abogado Carlos Broitman, quien defiende al presunto líder de la secta rusa de Bariloche, Konstantin Rudnev, ha presentado un hábeas corpus preventivo debido a supuestas actividades de seguimiento que atribuye a fuerzas de seguridad del Estado. 

La acción legal se fundamenta en el artículo 43 de la Constitución Nacional y la Ley 23.098, y surge del temor de una restricción ilegítima de su libertad y seguridad personal.

Los hechos denunciados ocurrieron en su residencia en el country "El Venado", ubicado en Canning, Buenos Aires. En su presentación, Broitman menciona que "las circunstancias detectadas exceden una conjetura subjetiva y configuran un cuadro objetivo de gravedad institucional". 

En este contexto, solicitó la intervención urgente del Poder Judicial para investigar la legalidad de las acciones denunciadas.

El incidente que motivó la denuncia tuvo lugar cuando un hombre se presentó en la entrada del barrio privado afirmando ser representante de Mercado Libre. 

Broitman relató que este individuo pidió confirmar su residencia en el lugar, lo que generó sospechas en el personal de seguridad del country. 

Tras realizar la consulta, el hombre se retiró en una camioneta Toyota Hilux blanca, acompañada por otros cuatro hombres. La seguridad del lugar activó el protocolo y alertó al abogado, así como al sistema de emergencias 911.

Posteriormente, se determinó que la camioneta no pertenecía a una empresa privada, sino que era propiedad del Ministerio de Seguridad de la Nación, un dato que, según Broitman, agrava la situación. 

"El episodio no puede ser interpretado como un hecho aislado ni casual", afirmó, vinculándolo con su papel como defensor en la causa de la secta rusa.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el abogado expresó: "Son presiones para que nos apartemos de la defensa. Hemos ingresado como defensores meses después de que varios estudios jurídicos se retiraran de la causa. Creemos que la acusación no soporta el control jurisdiccional necesario para llevar adelante un juicio".

Broitman añadió: "Están a la caza de abogados que ejercen la defensa de acuerdo a la ley. Que acusen y que se establezca la verdad en un juicio justo". 

En su presentación, el abogado también destacó que la forma en que se intentó obtener información sobre su domicilio genera un temor razonable, especialmente por el carácter oficial del vehículo involucrado.

El abogado se mostró desconcertado al no saber si las actividades de seguimiento contaban con una orden judicial válida y si existía una investigación formal en su contra, ya que nunca fue notificado sobre ninguna actuación judicial. 

"Lo inadmisible es cualquier actuación clandestina o subrepticia", enfatizó, subrayando que estas prácticas son incompatibles con un Estado de Derecho.

En el hábeas corpus se enfatiza que la modalidad empleada para recabar información personal habilita la vía excepcional elegida, y que "no se trata de un temor abstracto, sino de una situación actual y verificable". Broitman aportó registros fotográficos del sistema de seguridad del country que muestran la camioneta involucrada como prueba de su relato.

Además, el abogado vinculó el incidente con su actuación en la causa FGR 2878/2025, que se tramita en la Fiscalía Descentralizada de San Carlos de Bariloche. 

Recordó que, en un antecedente grave, el Ministerio Público Fiscal había solicitado allanar el domicilio de un abogado defensor de la supuesta víctima, una medida que fue rechazada por el juez por vulnerar derechos fundamentales.

La defensa considera que las acciones de vigilancia a abogados afectan garantías constitucionales. En su denuncia, Broitman solicitó que se tomen medidas inmediatas para verificar si existen tareas de vigilancia en su contra, y pidió que, si se comprueba que estas acciones se realizaron sin una orden judicial válida, se disponga su inmediata cesación. Asimismo, requirió información sobre quién ordenó la intervención y con qué objetivos.

Finalmente, Broitman reclamó protección para su libertad ambulatoria y su integridad personal, así como el resguardo del ejercicio pleno de su actividad profesional.