Pasajes gratis para personas con discapacidad: "Lo debe garantizar el Estado"

La decisión del Gobierno nacional de dejar de compensar económicamente a las empresas de transporte por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad abrió una fuerte polémica y generó preocupación en el sector. Aunque el derecho a viajar sin cargo continúa vigente por ley, el Estado resolvió eliminar el régimen de subsidios que cubría esos boletos, trasladando el costo a las compañías de larga distancia.

“El tema es bastante más complejo de lo que a veces se plantea discursivamente”, sostuvo Gustavo Gaona, vocero de la Cámara de Transporte de Larga Distancia. En diálogo con Cadena 3, explicó que el beneficio existe desde una ley de 1981 y que originalmente estaba destinado a personas que necesitaban viajar para realizar tratamientos médicos.

Gaona recordó que a comienzos de los años 2000 el sistema se amplió y dejó de limitarse a motivos sanitarios. “Ya no fue solamente por salud, sino directamente por cualquier motivo”, señaló. Según indicó, esto provocó un crecimiento exponencial de la demanda: “Se entregan entre un millón y un millón y medio de pasajes gratuitos por año. Eso equivale a más de dos mil colectivos completos por mes viajando sin cobrar boletos”.

El dirigente empresarial cuestionó además la desregulación del sistema de transporte de larga distancia impulsada por el Gobierno nacional. “La ley establece que este beneficio corresponde al servicio público terrestre, pero el Gobierno eliminó el servicio público de larga distancia. Hoy directamente no existe más”, explicó.

En ese contexto, las empresas sostienen que quedaron atrapadas en una contradicción legal. “Nos dijeron: ustedes sigan entregando los boletos y nosotros no los vamos a pagar más”, afirmó Gaona. La situación derivó en una presentación judicial que terminó con una medida cautelar obligando tanto al Estado como a las compañías a sostener el sistema hasta que se resuelva el conflicto de fondo.

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“El juez fue muy claro: mientras analiza el caso, las empresas deben seguir entregando los boletos y el Estado debe seguir pagándolos”, explicó el vocero. Sin embargo, denunció que desde diciembre de 2024 el Gobierno dejó de cumplir con los pagos. “Hace pocos días la Justicia ordenó abonar los primeros cuatro meses adeudados, por más de 8 mil millones de pesos, pero la deuda total ya supera los 27 mil millones”, advirtió.

Gaona insistió en que el problema no puede resolverse “pateando la pelota” hacia el sector privado. “No se puede decir simplemente ‘que lo paguen las empresas’. Hay un derecho que debe garantizar el Estado y una discusión que nadie quiere dar porque es antipática desde lo político”, sostuvo.

Además, reconoció que el sistema actual presenta distorsiones y necesita controles más estrictos. “Hay que revisar el esquema y garantizar los casos prioritarios. Puede ocurrir que alguien utilice un pasaje con fines turísticos y otra persona que necesita viajar por motivos médicos no consiga lugar”, planteó.

El representante de las empresas remarcó que son las compañías las que terminan absorbiendo el malestar social frente a la falta de definiciones oficiales. “Los únicos que terminamos dando la cara y recibiendo los reclamos somos nosotros”, afirmó. Y añadió: “El costo de este sistema no lo paga el empresario, termina recayendo sobre el resto de los pasajeros”.

Mientras la polémica sigue creciendo, el servicio continúa funcionando bajo orden judicial y los pasajes gratuitos todavía se otorgan a través del sistema de la CNRT. “Vamos a seguir cumpliendo con la cautelar porque corresponde, pero el Estado tiene que sentarse a discutir seriamente cómo garantizar este derecho”, concluyó Gaona.

Entrevista de Alberto Lotuf.