"No puede banalizarse": Provincia defendió los cobros por las amenazas escolares

La controversia por las sanciones económicas aplicadas a familias de menores involucrados en amenazas escolares en Santa Fe sumó un nuevo episodio luego de que el abogado Rodolfo Mingarini presentara el primer recurso administrativo contra una intimación superior a los 6 millones de pesos. El caso tiene como protagonista a un adolescente de 13 años acusado de haber participado en la redacción de un mensaje amenazante que luego apareció en una escuela de la capital provincial.

La respuesta oficial llegó de la mano de Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, quien defendió con firmeza la postura del Gobierno santafesino y cuestionó duramente los argumentos del abogado. “No estamos hablando de una multa. Esto es una deuda civil que persigue el Gobierno provincial para recuperar recursos públicos que fueron utilizados ante una amenaza”, explicó en diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

Según relató Mingarini, el episodio fue una “broma de mal gusto” realizada por un grupo de adolescentes que escribió un mensaje mencionando un supuesto tiroteo. Luego, al arrepentirse, rompieron el papel y lo tiraron. El escrito fue encontrado por otro padre fuera del horario escolar y la imagen comenzó a circular por grupos de WhatsApp, generando alarma entre las familias.

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El abogado sostuvo que el operativo de seguridad que el Gobierno pretende cobrar “nunca existió” y consideró que la Provincia está creando una sanción “sin respaldo legal”. “No pueden cobrar algo que no ocurrió. No hubo patrulleros ni despliegue porque cuando encontraron el papel ya no había nadie en la escuela”, afirmó.

Orciani rechazó esa interpretación y remarcó que las amenazas escolares movilizan recursos policiales, judiciales y operativos que deben ser afrontados por el Estado. “El patrullero que va a una escuela deja de recorrer las calles y de prevenir delitos en otros lugares. Esto no puede banalizarse”, aseguró.

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La funcionaria también remarcó que el objetivo de la medida es desalentar este tipo de episodios, que crecieron notablemente en los últimos años. Según explicó, desde que comenzaron las intimaciones económicas hubo una fuerte caída en las amenazas registradas al 911. “Estamos en condiciones de afirmar que la medida fue acertada y permitió una desaceleración importante de estas situaciones”, señaló.

En paralelo, Orciani apuntó directamente contra Mingarini y recordó que el abogado fue destituido como juez penal por un jury de enjuiciamiento. “Fue removido por ignorancia manifiesta del derecho y vuelve a demostrarlo con sus declaraciones”, lanzó la funcionaria, quien además presidió la comisión que definió aquella destitución.

Mingarini, por su parte, insistió en que el adolescente no debe ser criminalizado y reclamó “proporción” en la respuesta estatal. “Es un chico de 13 años. Puede haber una sanción escolar, incluso una expulsión si las autoridades lo consideran, pero esto no es una causa penal”, sostuvo el letrado.

Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que las familias que reciben estas intimaciones pueden presentarse y manifestar voluntad de pago para acceder eventualmente a planes de financiación. “Lo importante es no ignorar la notificación. Si no hay respuesta administrativa, la deuda será perseguida judicialmente por Fiscalía de Estado”, advirtió Orciani.

Entrevista de Alberto Lotuf.