Las carteras y joyas de CFK podrían ser rematadas para recuperar fondos

En diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, el abogado y exfiscal Marcelo Romero, hoy subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, se refirió al anuncio de Cristina Kirchner sobre su presentación en Comodoro Py y la entrega de bienes por un valor de 249 millones de pesos.

En el marco de la ejecución de la condena por corrupción, el funcionario remarcó que “hay una sentencia firme” y que “todos los bienes decomisables deben ser rematados para recuperar lo robado”.

Romero explicó que la condena incluye una pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que -dijo- “no puede confundirse con proscripción”. Subrayó que el proceso atravesó todas las instancias judiciales posibles, incluida la Corte Suprema, respetando el derecho a la defensa y el debido proceso. “Esto no tiene nada que ver con una persecución política”, sentenció.

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Consultado sobre los bienes anunciados por la expresidenta, entre ellos cajas de ahorro, un plazo fijo, acciones, un vehículo y otros, Romero indicó que todo lo que pueda tener valor económico será utilizado para resarcir al Estado.

Incluso, mencionó que “joyas y bienes personales como carteras de lujo también pueden ser rematadas judicialmente”. El objetivo, insistió, es que ese dinero vuelva al Tesoro Nacional para ser utilizado en obras y servicios públicos.

Sobre el reparto del dinero entre todos los condenados, el subsecretario señaló que los más de 84 mil millones de pesos que se deben recuperar corresponden al total del perjuicio causado en la causa Vialidad. En ese sentido, afirmó que ya hay numerosos bienes embargados y que cada imputado tiene una responsabilidad económica definida dentro del fallo.

Respecto de la posibilidad de que Cristina Kirchner cumpla su condena en prisión domiciliaria, Romero precisó que esa decisión está en manos del juez de ejecución, el doctor Borini.

Aunque la expresidenta argumenta que le corresponde por edad, el funcionario aclaró que no es automático: se evalúan condiciones de salud, seguridad y otros factores, y el tribunal debe oír a las partes antes de decidir. “No puede ser un spa ni un club social”, advirtió, sobre las condiciones restrictivas de esa modalidad.

Finalmente, consultado sobre si se buscará evitar la imagen de la expresidenta detenida, como ocurrió con otros funcionarios condenados, Romero fue categórico: “El Ministerio de Seguridad solo cumple órdenes del Poder Judicial. Nosotros no decidimos el cómo ni el dónde. Si hay detención, será como lo disponga la justicia, y con las garantías que correspondan”.

Entrevista de Alberto Lotuf.