Fraude en la Tarifa Social de la EPE: dieron de baja a más de 15.000 usuarios

Más de 15.000 usuarios fueron dados de baja del programa de Tarifa Social de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) luego de detectarse graves irregularidades en sus declaraciones juradas. Así lo confirmó la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, en diálogo con Cadena 3 Rosario.

"Nos encontramos con inmuebles en alquiler, locales comerciales y viviendas en zonas de alto valor inmobiliario que recibían el beneficio, pese a no cumplir con los requisitos", señaló Rodríguez. El operativo de control se realizó de forma coordinada con los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo de la provincia, y se evalúan nuevas acciones judiciales.

/Inicio Código Embebido/

Un fraude millonario con fondos públicos

La funcionaria explicó que el perjuicio económico al Estado provincial asciende a unos 2.000 millones de pesos. "Con esos fondos, por ejemplo, se podría haber financiado parte de una nueva estación transformadora en Rosario o incluso una obra de infraestructura estratégica como el segundo puente carretero en Santa Fe", graficó Rodríguez.

Entre los casos detectados, se encontraron consumos energéticos desproporcionados: "Hogares que pagaban 17.000 pesos cuando debían abonar más de 700.000, con el Estado cubriendo la diferencia". La funcionaria detalló que muchos de estos usuarios presentaron información personal y patrimonial falsa para acceder al subsidio, y remarcó que eran conexiones regulares, no clandestinas.

/Inicio Código Embebido/

Desde diciembre de 2023, la EPE comenzó a denunciar ante el Ministerio Público de la Acusación a todos los usuarios con irregularidades, tanto en la conexión como en el acceso a tarifas subsidiadas. Además, se inició un nuevo control sobre otros 18.000 casos sospechosos.

"El control en empresas públicas es una decisión política del gobierno. Implementamos medidas como el uso de datos biométricos, control del uso de vehículos con GPS y recorte de horas extras", subrayó Rodríguez. También indicó que se están cruzando datos con el RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía), lo que permite una fiscalización más rigurosa y digitalizada.