13 años después
24/09/2018 | 14:19 |
Se trata del actual ministro de Medio Ambiente, Sergio Freixes, que cuando se desempeñaba en 2005 en otra área, obligó a la jueza Marina Ziliotto a renunciar por no cumplir con un pedido suyo.
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Un ministro y un ex ministro del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, irán a juicio por obligar a miembros del Poder Judicial de la provincia a firmar renuncias anticipadas como requisito para acceder a cargos y ascensos.
Los acusados son el ex ministro de Legalidad y Relaciones Institucionales (actual ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción), Sergio Freixes, y su segundo, Mario Zabala, imputados por el delito de coacción agravada contra Marina Ziliotto, defensora oficial que en 2004, a semanas de ser nombrada camarista, debió abandonar su puesto porque el gobierno ejecutó la renuncia anticipada que le hizo firmar antes de designarla.
La causa llegará a juicio el 22 de octubre, pero Ziliotto se mostró poco optimista respecto al resultado, porque en el caso de Freixes, se podría amparar en sus fueros porque también es senador.
"La única denuncia que hay es de hace 13 años. Empezó el juicio oral, se presentaron las preliminares y va a seguir la audiencia y el debate oral y público por este hecho. Fue una locura en este momento y después, porque no me salió gratis", recapituló Ziliotto en Cadena 3.
Sin embargo, la ex camarista dijo que se llegó a juicio oral "con ayuda de los periodistas y la prensa que nunca los abandonó". "Siempre mantuvo vivo este juicio permanentemente", destacó.
Según recordó a finales de octubre de 2004 le obligaron a firmar la renuncia que se efectivizó en 2005. "La renuncia fue coactiva, fue probada en la causa y hubo que esperar 13 años para el juicio oral. Yo firmé la renuncia y cuando me pidieron realizar una crítica a dos jueces de cámara, que me negué a hacer, se efectivizó", explicó.
Quien le pidió criticar a los jueces fue el ministro Freytes, actual ministro de Campo, que tiene fueros parlamentarios porque además es senador de la provincia y probablemente renuncie su cargo de ministro y se ampare en sus privilegios como legislador.
"El verdadero problema que tenemos es la justicia provincial y federal. Esta denuncia es digna de sacarle una fotocopia y enviar a las universidades a que se estudie porque es de terror. Es un delito difícil de probar y se logra probar por la impunidad de los sujetos que lo hicieron y de la Justicia", remarcó.
"El juez mandaba a pedir documentación a los propios imputados y les decían que no encontraban las cosas", comentó respecto a los comienzos de la investigación.
Por último consideró que "está devaluada la Justicia". "Muchas veces pensamos que el verdadero problema es la política y no lo es, porque la política tiene freno cuando la Justicia tiene independencia y solvencia y ni a nivel federal ni provincial en San Luis lo hay", concluyó.
Entrevista de Fernando Genesir y Adrián Simioni.