Aportes para campaña: "El problema es cumplir la ley"

Después de que la gobernadora María Eugenia Vidal despidiera a la contadora Fernanda Inza, responsable financiera de la campaña electoral en 2016, el Gobierno presentó un proyecto de ley de financiamiento político que contiene -entre otros puntos- la bancarización obligatoria de todos los aportes a los partidos políticos.

Al respecto, Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional (TI), dijo a Cadena 3 que el problema radica en que “no cumplen la ley vigente” y entonces “por qué van a cumplir la ley que viene”.

“No es un problema de la ley”, sostuvo y advirtió que en realidad lo que hay que hacer es “cumplir la ley, no cambiarla”.

El escándalo con el financiamiento y los fondos de campaña se suscitó al conocerse denuncias de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de dirigentes provinciales de Cambiemos, quienes negaron haber aportado para la campaña de Cambiemos en la provincia, pese a figurar en los listados oficiales.

En este marco, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro del interior, Rogelio Frigerio aceleraron los tiempos del proyecto que surgió de la secretaría de Asuntos Políticos de Interior que encabeza Adrián Pérez y que entre otros puntos pide la bancarización de los fondos.

Ferreira Rubio, indicó que se trata de “un proyecto que se vino discutiendo desde el Ejecutivo”. “Es una enumeración de los principios que el Gobierno reconoce que va a incluir. Es extenso y hay que estudiarlo”, aclaró.

Sin embargo, la presidenta de TI sostuvo que “la ley vigente establece que todos los aportes deben entrar a una cuenta única bancaria y a través de esa cuenta efectuar los gastos”.

“La cuenta única bancaria está establecida como obligación en la ley desde hace mucho”, recordó y fijo que el “el problema es que no se ha cumplido la ley y se la ha violado”.

Escándalo por los fondos

“Lo que ha sucedido es que se ha incorporado una lista de nombres que no son los verdaderos aportantes para tapar el origen de los fondos”, explicó Ferreira Rubio sobre las denuncias que trascendieron.

Y agregó: “A eso se suma otra cosa grave que es la coincidencia de que esos nombres de los supuestos aportantes pertenecen a personas que reciben subsidios del Estado.  Por lo que se podría pensar que se usaron las bases de datos para revisar los aportes al Gobierno”.

En este sentido, consideró que “las leyes son necesarias pero no suficientes” y recibió que “la economía en negro es uno de los problemas para transparentar el origen de los fondos”.

“Hemos peleado desde las ONG y las academias para que la lista de los aportantes estuviera disponible, sino  nunca nos hubiéramos enterado de esto”, alertó.

“En los años 2000 Poder Ciudadano hizo el primer aplicativo que permitía a la ciudadanía detectar si figuraba como aportante. Hoy lo hace la Cámara Nacional electoral y eso es lo que se ha podido detectar.  Lo bueno es que la ciudadanía revise, y si no, aporte a la crítica”, concluyó.

Entrevista de Fernando Genesir.