Congreso
05/12/2025 | 12:54
Redacción Cadena 3
La diputada nacional Verónica Razzini, del bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley para regular el ejercicio del derecho de huelga, con el objetivo de "ordenar" las medidas de fuerza y reducir la conflictividad.
En diálogo con Radioinforme 3, la legisladora sostuvo que la iniciativa busca "armonizar" el derecho constitucional a la protesta con “otros derechos constitucionales afectados cuando se abusa de la huelga”.
"Creemos que no se puede hacer cualquier cosa y llamarlo huelga. En Argentina en los últimos años asistimos a huelgas criminales donde parece que un derecho está siempre por encima de los otros", afirmó. Como ejemplo, mencionó conflictos en el sector aéreo y ferroviario en los que “los pasajeros quedaron rehenes”.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la obligación de notificar con anticipación la realización de una medida de fuerza. La diputada explicó que la propuesta exige un preaviso mediante carta documento, con intervención del Ministerio de Trabajo, para que el empleador "acelere la instancia de negociación" y se garantice la continuidad de ciertos servicios.
Razzini confirmó que el esquema excluye los "paros sorpresa": "El derecho a la protesta debe existir, pero de manera ordenada y que garantice la prestación de los servicios".
La iniciativa contempla servicios mínimos obligatorios en sectores estratégicos como salud y transporte, con pisos de prestación del 75% respecto del funcionamiento normal. "La idea es que no implique la interrupción del servicio esencial", señaló.
El proyecto sería de alcance nacional y no requeriría adhesión de las provincias. "Se aplicaría para todo el país", aseguró la diputada.
Otro punto clave es la habilitación para convocar medidas de fuerza. Según el texto, sólo podrán hacerlo asociaciones sindicales con personería gremial o entidades inscriptas que acrediten representación mayoritaria. Además, la convocatoria deberá definirse en asamblea con una antelación mínima de tres días.
La legisladora indicó que la propuesta se inspira en regulaciones de España y que busca alinearse con "estándares de la OIT".
El proyecto también incorpora mecanismos contra medidas de fuerza disfrazadas de asambleas. El texto exige autorización previa del empleador y coordinación con la representación sindical. De lo contrario, serán consideradas "interrupción concertada e injustificada" y, por lo tanto, un acto "ilícito".
Razzini sostuvo que la reforma apunta a que la huelga "vuelva a ser una última instancia, donde prevalezca el diálogo primero".
La propuesta se debatirá en sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, junto con el paquete de reformas que incluye cambios laborales, el presupuesto y otros proyectos incorporados a la agenda parlamentaria.
Entrevista de Miguel Clariá y Guillermo López.
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