Tras la Ley Joaquín, Córdoba abre la discusión sobre el régimen penal juvenil

La sanción por unanimidad de la "Ley Joaquín" en la Legislatura de Córdoba marca un hito definitivo en la política criminal de la provincia. Impulsada con el respaldo de todas las fuerzas políticas tras el trágico crimen del adolescente Joaquín Sperani, la normativa no solo reconfigura el lugar de los damnificados en el proceso penal general, sino que hace mella de manera directa y urgente sobre el Régimen Penal Juvenil, una estructura que históricamente ha relegado a los afectados a un rol secundario y pasivo.

En diálogo con Cadena 3, la abogada y legisladora radical Brenda Austin destacó el peso político y técnico de este avance. "A veces parece una discusión lejana de un texto de la ley, pero esto le pone rostro", señaló la legisladora, remarcando que el espíritu del proyecto nació precisamente para dar respuesta al desamparo y los vacíos legales que padeció la familia de Joaquín durante el proceso judicial.

Una transformación obligatoria para la justicia de menores

La reforma introduce modificaciones profundas que impactan directamente en el tratamiento de las causas que involucran a menores de edad en conflicto con la ley penal. El punto neurálgico radica en forzar una discusión estructural antes de que termine el año en curso.

"Un elemento que nos pareció importante incluir es forzar a que en el debate del régimen penal juvenil también se consideren fuertemente los derechos de las víctimas, que muchas veces terminan siendo relegadas, como de hecho pasó en el caso de la familia de Joaquín Sperani", explicó Austin con firmeza.

La legisladora confirmó que este paso implicó modificaciones iniciales de gran calado técnico y que el proceso no se detiene con esta votación: "Esto va a seguir cuando de acá a septiembre se modifique todo el procedimiento penal juvenil de Córdoba". El objetivo político es claro: evitar que la burocracia judicial deje a las familias desinformadas frente a resoluciones críticas tomadas en el fuero de menores.

El fin de la discrecionalidad judicial: Obligación, no facultad

Uno de los debates más complejos de la reforma fue la modificación de los artículos del Código Procesal Penal para erradicar las zonas grises que permitían a los magistrados actuar a espaldas de los afectados. Austin aclaró de forma taxativa que el texto final se redactó para ser imperativo e inapelable para fiscales y jueces.

-Notificación fehaciente: El sistema judicial está obligado a avisar a la víctima ante cualquier modificación de la situación procesal del imputado (como libertades condicionales, archivos o suspensiones de juicio a prueba).

-Sanción de nulidad: "Si no lo hacen, si no notifican de manera fehaciente, eso puede llevar a la invalidez del proceso", advirtió la legisladora.

-Derecho a ser oído: Se garantiza la participación activa del damnificado y sus familiares en cada etapa, incluso si deciden no constituirse formalmente como querellantes.

"La propuesta inicial le daba la facultad a los jueces o a los fiscales en ocasiones de escuchar a la víctima o de convocarla. Consideramos que eso tiene que ser claro y contundente para que no quede como letra muerta", sentenció Austin.

El desafío de la aplicación real

La relevancia de la "Ley Joaquín" radica en su transversalidad: fue un proyecto donde la oposición aportó lineamientos clave para robustecer las garantías y el oficialismo garantizó el impulso político. Sin embargo, el escepticismo sobre la aplicación efectiva de las leyes en el entramado judicial cordobés sigue latente.

El verdadero examen para este nuevo paradigma penal comenzará a medirse a partir del próximo mes de septiembre, cuando la reforma integral del fuero juvenil deba pasar de los papeles del recinto legislativo a la práctica diaria de los tribunales de la provincia.

Entrevista de Miguel Clariá.