Terremoto en la Policía de Córdoba: ordenaron detener al jefe de la Caminera

Un verdadero terremoto sacude a la provincia de Córdoba tras la resolución judicial del fiscal Guillermo González, que ha ordenado una serie de detenciones y allanamientos en una causa de alto impacto que involucra a la cúpula de la Policía Caminera y a otros efectivos policiales, junto con civiles y abogados, en una presunta organización delictiva de proporciones alarmantes.

El epicentro de este escándalo es la detención del comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, jefe de la Policía Caminera, acusado de graves delitos: coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia en diversos hechos. 

Junto a él, su hermano, el policía y abogado Gastón Miguel Ochoa Roldán, también se le ordenó la detención por su presunta participación en la asociación ilícita.

La investigación, a cargo de la fiscalía de González, apunta a una banda delictiva conformada por efectivos policiales y abogados particulares. 

Hasta diciembre de 2024 fue secretario privado del actual jefe de la Policía de Córdoba, Leonardo Gutiérrez. En ese mes, el Ministerio de Seguridad provincial lo ungió como jefe de la Caminera.

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Entre los detenidos se encuentra Gabriel Burkhard, un civil acusado de coacción, así como el comisario inspector Leonardo Javier Torres, a cargo de la dirección de asesoría letrada de la Policía de Córdoba, y el inspector Martín Darío Heredia, también de la Policía Caminera. 

La lista de implicados es extensa e incluye a otros efectivos policiales y varios abogados, señalados por su rol en la organización.

Según la fiscalía, esta banda utilizaba información reservada extraída de bases de datos oficiales, a las que los policías implicados tenían acceso, para llevar adelante negociaciones extrajudiciales relacionadas con el cobro de deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios. 

Este esquema delictivo, que habría operado de manera sistemática, constituye un golpe devastador a la credibilidad de la institución policial.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en las localidades de La Calera y Cosquín, donde se detuvo a siete personas. Además, se procedió al registro de la propia Jefatura de la Policía de la Provincia de Córdoba, donde se recolectó prueba clave para la causa. 

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Informe de Francisco Centeno.